Aunque no hay fórmulas precisas que permitan explicar las relaciones entre financistas, candidatos, coequiperos y sus roles en los gobiernos, se pueden identificar tendencias independientemente de filiaciones políticas u orientaciones ideológicas.
Los financiadores son en su mayoría grandes empresarios que con la lógica de las inversiones de riesgo, depositan sumas multimillonarias de dinero para el apoyo a candidatos que en el corto o mediano plazo les represente significativas utilidades en términos contratación pública. Están en la mira pocos, pero jugosos negocios que van desde juegos de azar hasta ejecución de macroproyectos.
Los empresarios a quienes no propiamente les interesa la asignación directa de contratos, conforman otra categoría. Su interés está en la adopción o modificación de normas o actos administrativos por parte del futuro gobernante, que den vía libre a proyectos ajustados a sus intereses particulares. La reglamentación del uso del suelo, por ejemplo, se constituye en objetivo de inversión en campañas. Grandes urbanistas, representantes de multinacionales del sector constructor, del transporte especializado e infraestructura, integran esta franja.
En otra orilla de los financiadores están empresarios convencionales, cuya suerte, la de sus empresas y de sus empleados depende de condiciones de competitividad adecuadas, reglas claras de juego en impuestos y contribuciones, adecuado ambiente de gobernabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. En tal sentido invierten en el impulso a candidaturas que les resultan confiables, de la misma forma como lo hacen con la compra de materia prima para sus productos, o para esquemas de seguridad de sus empresas.
Independientemente de los intereses que animan a quienes ponen el dinero para la elección de alcaldes y gobernadores, el común denominador es que ninguno de esos sectores asumirá directamente compromisos de gobierno, y serán en su mayoría beneficiarios en la sombra de los compromisos que cumplan sus financiados. Muy pocos dejarán sus cómodos sillones y astronómicos salarios en las grandes empresas, para desempeñar “culebreros” y mal pagados cargos públicos.
Esa responsabilidad recaerá en quienes hacen el trabajo político, que facilitan las inversiones anotadas, y que por sus aportes en votos o conocimientos, aspiran como contraprestación a ser coequiperos de gobierno, motivados por el deseo de servir o por lucrarse con recursos públicos que pasarán por sus manos, dependiendo de sus principios.
Quienes resulten elegidos el próximo 30 de octubre no solo enfrentarán el dilema de cómo cumplir los compromisos adquiridos con sus financistas y con las promesas que hicieron a sus electores, sino también la encrucijada de con quiénes gobernar, para que ello sea posible.
Los errores en la escogencia de un equipo de gobierno no los pagará únicamente el mandatario, sino la comunidad que lo eligió e inclusive quienes invirtieron en él, pensando individual o colectivamente. Los estragos de un mal gobierno superarán con creces las inversiones en su elección y podrían trascender el periodo de mandato.
Quienes acompañan con recursos a los candidatos deberían considerar que su papel no terminará con su elección, ni con los eventuales beneficios a los que le apostaron. La “ayuda” en la contienda política no solamente puede ser con dinero y con votos, sino también con orientaciones bien intencionadas sobre conformación de equipos de buen gobierno.
*Trabajador Social y Periodista, docente universitario, asesor en comunicaciones.
germandanilo@hotmail.com
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