Un amigo mexicano que hizo conmigo un postgrado en la Universidad de Kansas en 1966, y que vino por primera vez a Cartagena en 1969, regresó la semana anterior en un crucero y fui a recibirlo al muelle. Lo primero que me dijo, luego del abrazo de rigor, fue lo siguiente: “Esta bahía interior está más pequeña que la que conocí hace 42 años”.
Lo que percibió este visitante de pupilas veloces con una simple mirada al paisaje, sólo ahora lo estamos notando autoridades y ciudadanos cartageneros: que a la bahía le han ganado 3.500.000 metros cuadrados de manera gradual y silenciosa. Nada que ver con el lento e imperceptible retiro de las aguas y mucho que ver con las agallas y la confianza en la impunidad de nuestros ganduleros de fuste, pues la cifra es gorda y resultaría estrepitosa si los colombianos no fuéramos tan condescendientes cuando la víctima de los desafueros es el Estado.
Ahora que estalló el alboroto por la venta que hizo la Alcaldesa de un lote considerado baldío, quedó servida la ocasión para exigir que se identifiquen las áreas que pasaron de líquidas a sólidas sin permiso de nadie, porque gracias a ese fenómeno más próximo a la alquimia que a la ingeniería le aparecieron a la bahía hermanas siamesas en la Ciénaga de la Virgen y la Zona Norte.
La ley 388 de 1999 les otorgó el carácter de baldíos a los predios surgidos de esa especie de alquimia, y dispuso, en su artículo 123, que los terrenos que se encuentren en esta situación, siempre que no constituyan reserva ambiental, serán de propiedad de las entidades territoriales en cuya jurisdicción estén. Es obvio que contra la presunción legal que implica toda declaratoria de baldíos proceden las acciones contempladas en la ley. Pero convendría saber si han probado dominio y el modo como lo adquirieron.
Está bien que se determinen las áreas del territorio distrital que corresponden al suelo consolidado por la vía de los rellenos legalmente autorizados. Sin embargo, sería mejor que lo que rellenaron y usaron los particulares por fuera de una política oficial se determine también, se levante un censo meticuloso si pertenece a las zonas de bajamar y se le ofrezca al Gobierno central la posibilidad de su recuperación.
La Dirección Marítima y Portuaria (DIMAR) tiene una jurisprudencia singular frente a varios casos de terrenos ganados al mar. Resolvió, en efecto, que son zonas de bajamar sometidas a su jurisdicción y dadas en concesión gratuitamente, ex post facto, después del hecho cumplido. Por haberlas entregado a ese título, salieron de la base catastral y no pagan ni impuesto predial ni valorización por beneficio general. Estos privilegiados resultaron maestros en la tecnología para intervenir un territorio marítimo costero y birlar dos tributos que no son pasto fácil para los evasores.
El michoacano que me escuchó este cuento, con el cual pretendí explicarle que por eso vio la bahía más pequeña que hace 42 años, me comentó con acento de asombro: “Qué padre esa escuela de magos que, además de rellenar y recibir concesiones y exoneraciones, le pone una coloración de regla de derecho al arte de tumbar. Parodiando a Octavio Paz –remató–, ustedes tienen en Cartagena, juntitos y felices, a Goliat, Polifemo y Pantagruel”.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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