Columna


Golpe al movimiento social

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

24 de septiembre de 2010 12:00 AM

GIL ALBERTO FALCÓN PRASCA

24 de septiembre de 2010 12:00 AM

Detenido en la clínica Cemic, en El Cabrero, está custodiado como un delincuente peligroso Jorge Piedrahita Aduén, médico graduado en la Universidad de la Plata, Buenos Aires, con todos los honores de estudiante de medicina brillante. De origen humilde y extracción campesina de Montes de María, consecuente en la lucha contra la injusticia, pobreza, hambre y miseria, y con respeto por los dineros públicos y los bienes del Estado, contrasta con que bajo el manto de la política de “concesiones” de Gaviria, Pastrana y AUV, se ha enriqueciendo el círculo capitalista de familiares y allegados al poder, dejando a Cartagena y Bolívar con desempleo, informalidad y miseria crecientes. Ha permanecido solo en tal escenario de lucha a pesar de ser un dirigente destacado del movimiento social, dejándolo a merced de esa élite con licencia para robar dineros públicos. Piedrahita entendió su papel histórico y dio batallas duras por el buen manejo de la cosa pública, para empezar a erradicar la concentrada cultura de llegar al poder público para ser los nuevos ricos del país. Se activó un plan de las mafias del poder, con mucho peso en la Justicia y órganos de investigación. Mediante artimañas, comenzaron a estigmatizarlo, hasta llamarlo loco, logrando que no imperara la ley, sino la consabida impunidad para esos personajes conocidos. Al veedor valiente lo pusieron en la picota pública del desprestigio y a purgar condena de 5 años por "injuria y calumnia." Es penosa su situación, sin apoyo económico y moral, sin solidaridad del movimiento social, disminuido físicamente por una lesión física, víctima de la persecución cruel del Estado -y lo peor- condenado como delincuente al escarnio público por la loable labor de defender la moralidad pública y los intereses para la inversión social. No olvidemos su ejemplo contra las políticas descaradas de repartirse los bienes del Estado entre los congresistas, los administradores del Distrito, el Departamento y los que financian las campañas, con el aval de los presidentes de la República de los últimos 20 años y sus ministros, con mayor énfasis en los 8 años de la era Uribe. No podemos seguir callados, la CSJ nos demostró que sí se puede castigar a los que se creían intocables e invencibles. Las judicializaciones a los ex presidentes del Congreso, congresistas, ex alcaldes, ex concejales, ex gobernadores, locales y de la región Caribe, nos da un mensaje de inicio de cambio de este modelo económico. A través de la movilización social pacífica, exijamos una verdadera reforma a la justicia, que incluya el voto obligatorio, cadena perpetua para los que roban el erario, prohibición a cargos públicos de cónyuges o familiares en 1, 2 y 3 grado de consanguinidad de servidores públicos condenados, y no más casa o clínicas por cárcel. Reflexionemos seriamente: estos cambios se construyen con hechos y con pueblo. Quienes que nos consideramos personas de bien no podemos cohonestar con este mal precedente para la justicia y la lucha social. Somos conscientes de que antes de ser representantes de la justicia, tenemos deberes ciudadanos y que este personero social ejemplarmente inició el proceso de resistencia y lucha desigual contra los políticos tradicionales, que se creen amos y dueños del bien común. *CUT BOLÍVAR cutbolivar@gmail.com

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