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¿Golpe de estado en Paraguay?

Comencemos por establecer que la Constitución paraguaya de 1992 establece la clásica división o separación de poderes en ramas del mismo que son la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial.

Como en la mayoría de las democracias representativas estas ramas son independientes, se colaboran y controlan entre sí. Es una democracia participativa y pluralista que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y sus medios para hacerlos valer.

El artículo 16 dice textualmente: “La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgado por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.” Se presume la inocencia y nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Todos los seres humanos tienen derecho a un defensor con todas las garantías procesales, recursos, instancias procesales y “plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación, ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas que sean obtenidas con violación de las normas jurídicas. Todos los fallos judiciales son susceptibles de recursos de reposición, apelación ante los jueces superiores y hasta las altas cortes que pueden modificar los fallos judiciales.

El 193 de la carta magna establece: “No se podrá citar – por parte de ambas cámaras legislativas – ni interpelar al presidente de la República, el vicepresidente, ni a los miembros del poder judicial en materia jurisdiccional.” El 194 dice: “si el citado no concurriere a la cámara respectiva o ella considerara insatisfactorias sus declaraciones, ambas cámaras por mayoría absoluta de 2/3 partes podrá emitir un voto de censura en su contra y recomendar su remoción del cargo al Presidente de la República.”

La constitución paraguaya establece que los miembros del Ejecutivo y los magistrados judiciales en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados. Pero de acuerdo con el artículo 225 establece “el presidente solo podrá ser sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados y corresponderá a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de 2/3 juzgar en juicio político declararlo culpable al solo efecto de separarlo del cargo.”

Bueno y eso fue lo que le ocurrió al presidente Fernando Lugo quien fue elegido legítimamente por el pueblo. Es decir, que se cumplió con la constitución aparentemente, pero independiente de su ideología política, la verdad es que se trató de un juicio sumarísimo en el cual no le dieron tiempo siquiera para designar a un defensor para ser defendido de las acusaciones del “mal desempeño de sus funciones”. Ha sido el juicio político más rápido que se ha conocido y sin mayores preámbulos lo destituyeron de su cargo de presidente.

Uno puede estar de acuerdo o no con las políticas que desarrolló el hoy expresidente Lugo, pero como ya lo demostramos, cualquier persona de ese país y de todas las democracias, tenía el derecho a la defensa y a presentar pruebas que demuestren lo contrario de las acusaciones que se le hicieron. Se violó el derecho fundamental a la defensa del ciudadano presidente destituido y todo ello no es sano para ninguna democracia.



*Abogado y escritor



rivelpa@yahoo.com

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