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¡Golpe de imagen!

Por ahora  puede hablarse  de un  golpe de imagen del presidente Santos, al negarse a promulgar el texto de un reforma constitucional sobre la justicia que, en fin de cuentas, resultó una página de acuerdos políticos non santos

, celebrados entre el Ejecutivo, a través de sus ministros del Interior y de Justicia -con mesa de concertación  presidida por el jefe del Estado en la Casa de Nariño el 3 de mayo- y    la participación del poder judicial, representados en cuerpo presente por  los presidentes de las altas cortes, y  también del órgano legislativo, a través de los dignatarios del Senado y la Cámara de Representantes. 

“Yo hice lo que quiso el Gobierno”; “Yo firmé, pero no leí el texto de la reforma”, dijo, palabras más palabras menos, el presidente de la Cámara de Representantes y jefe prematuro del Partido Liberal Colombiano, Simón Gaviria, sin rubor alguno.

En verdad, si el Congreso Nacional es hoy  una oficina adscrita al Gobierno y no un cuerpo independiente -como debiera ser, por supuesto-, tales declaraciones de uno de los áulicos del Régimen, no deben sorprender.

¡Ah! ¡Y qué decir de los magistrados de las altas cortes, quienes negociaron la prolongación de su período a cambio de patrocinar acuerdos que les otorgaban privilegios abundantes a los miembros del Congreso! ¿Cómo pueden generar respeto esos altos operadores de la justicia, cuando patrocinaron semejantes  acuerdos torticeros?

“Nos da mucha pena” (así comenzaba el presidente Santos sus comentarios en El Tiempo cuando oficiaba como columnista); sí, nos da mucha pena decir que el gesto del presidente Santos fue producto –no espontáneo-, del oleaje de indignación que se extendió en todo el país por la malhadada y mal llamada “reforma a la justicia” y la cual se tramitó en el Congreso, sin embargo, por  iniciativa de su Gobierno. 

Y ¿será pertinente, o conforme a la Constitución, que el presidente de la República pueda ejercer una atribución no contemplada en nuestra Carta Política, esto es, la de poder objetar y no promulgar un acto legislativo reformatorio de la Constitución?  

Si el control de los actos legislativos está a cargo la Corte Constitucional, en los términos por la Constitución establecidos, cabe preguntar, ¿ese control, puede ejercerlo, a su vez, el Presidente de la República? ¡Vaya precedente el que se sentaría!, si se abre paso la teoría de que esa función puede ejercerla otra autoridad distinta a la que señala la Constitución Política. 

Deploramos, desde esta orilla de opinión, que el terremoto político de alta intensidad haya tumbado a un ministro pulcro como Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

Ojalá, el nuevo ministro de  Justicia, Fernando Carrillo, a quien el presidente escogió como partero para hacer abortar el engendro, enderece las cosas y propicie que la Corte Constitucional se pronuncie, en su sabiduría, ante los graves reparos que se le han hecho al texto aprobado por el Congreso, pero que ha  provocado uno de los más grandes escándalos políticos que se hayan conocido en la historia de nuestro país. 

Y si no es así, ¡adelante con el referendo revocatorio!



*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.



edmundolopezg@hotmail.com

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