La Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, anunció la gratuidad de la educación en el país para el 2012. Los padres de familia, acudientes o estudiantes no deberán pagar por derechos académicos ni servicios complementarios (carné estudiantil, derechos de grado, entre otros).
El Gobierno Nacional se comprometió a girar recursos adicionales para garantizar la gratuidad absoluta en los establecimientos oficiales para los estudiantes matriculados entre los grados 0 y 11. Con esa determinación el MEN busca cerrar las brechas en acceso, permanencia y calidad educativa, entre regiones, zonas y poblaciones vulnerables y las que no lo son.
La gratuidad en la educación ha sido debatida en muchos foros y eventos nacionales e internacionales. Para muchos, la gratuidad es muy importante para el ejercicio pleno del derecho a la educación. Otros la por populista, pues desconocería las restricciones fiscales, llevando a una educación pública de mala calidad. Además, según los críticos, dichas políticas son inequitativas pues no hay por qué dejar de cobrarle derechos académicos a quien puede pagar.
Algunos documentos de Naciones Unidas, especialmente el informe de Katarina Tomasevski, quien fuera Relatora especial sobre el tema durante varios años, establece que el derecho a la educación puede tener otras dimensiones. Propone diferenciar cuatro aspectos fundamentales del derecho a la educación, conocidas como “las cuatro A”: (i) una obligación de asequibilidad, también conocida como de disponibilidad, que implica satisfacer la demanda educativa por la oferta pública o por la protección de la oferta privada. Ello supone la doble obligación de establecer o financiar instituciones educativas y de abstenerse de prohibir a los particulares fundarlas. (ii) Una obligación de accesibilidad, según la cual el Estado garantiza el acceso a las escuelas públicas disponibles sin discriminación alguna. (iii) Una obligación de aceptabilidad, donde el Estado debe asegurar la calidad educativa. Y (iv) una obligación de adaptabilidad, por la cual los Estados tienen la obligación de brindar en sus centros educativos la educación que mejor se adapte a los niños y niñas.
En este ámbito, el derecho a la gratuidad de la educación es una obligación suplementaria de la de accesibilidad y busca eliminar obstáculos económicos en el acceso y permanencia de las personas en los procesos educativos. Hay tres dimensiones distintas de la accesibilidad: la no discriminación, la accesibilidad material y la accesibilidad económica.
En Cartagena, con el anuncio de gratuidad total e iniciado el periodo lectivo, muchos padres de familia no matricularon a sus hijos e hijas. El Alcalde Mayor, Campo Elías Terán y Rosario Ricardo, Secretaria de Educación Distrital, han salido a buscar a los estudiantes casa por casa. Esto puede indicar que aun superando los obstáculos económicos (gratuidad total), en los hogares cartageneros persisten factores discriminatorios, socioculturales y materiales, que inciden en la exclusión de muchos niños, niñas y jóvenes del sistema educativo.
Superada la urgencia del periodo de matrículas, los equipos pedagógicos de la Secretaría de Educación Distrital deben realizar estudios de caracterización de la población excluida del sistema, para organizar una oferta educativa pertinente, fortalecer la gestión escolar y mejorar los ambientes de aprendizaje en lo que sea necesario para mejorar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes en el sistema educativo.
*Profesor UTB
warellan@unitecnologica.edu.co
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