Homicidas de la salud

En un artículo publicado hace varios años en este mismo espacio titulado “Homicidas de blanco”, sugerí que los profesionales de la salud que no dieran atención oportuna a un niño arrollado por un bus, deberían ser procesados penalmente por homicidio culposo.
Fue uno de los sucesos que originó en Cartagena el fenómeno infame del “paseo de la muerte”, en el que Pedro Luis Tapia Cantillo murió tras negársele la admisión en cuatro hospitales.
En su momento tal opinión motivó la indignación de un sector del gremio médico, mientras que otros recibieron complacidos el debate sobre el deterioro de la ética médica profesional y el incumplimiento cotidiano del célebre juramento hipocrático.
Siete años después de ese episodio, la controversia revive nacionalmente, con el proyecto de ley que mandaría a la cárcel a los médicos que sin justa causa, no brinden atención a pacientes o le nieguen el suministro de medicamentos incluidos en el POS.
Podría entenderse por consiguiente que existe identidad total de éste columnista con el proyecto de marras, pero no. Aunque por egos, vanidades y falta de humildad algunos galenos maltratan a sus pacientes con actitudes negligentes o arrogantes, son la excepción y no la regla.
Lo que sí parece haberse convertido en regla es la confabulación de las entidades prestadoras de salud para consolidar su poder y riqueza a costa inclusive de la vida de sus pacientes y de la pauperización del noble ejercicio profesional de la medicina.
Las EPS no sólo acabaron con las posibilidades de cumplir a cabalidad el juramento hipocrático, sino con la dignidad de los médicos a su servicio, sometidos a restricciones perversas a su labor y a salarios humillantes, lo que se traduce consecuentemente en la atención mala a los pacientes.
Recientemente se conoció la alianza escandalosa entre más de 14 EPS para negar a sus usuarios servicios o procedimientos médicos. En momentos en que se escribe esta columna, de manera coincidente, los medios de comunicación nacional dan cuenta del gran operativo de las autoridades contra una red poderosa de corrupción en el sector de la salud y se anuncian capturas de “peces gordos”, entre los que se cuentan empleados públicos y privados.
Queda en evidencia que algunas entidades, que por obra y gracia de la Ley 100, quedaron con el manejo mercantil de la salud de los colombianos, conformaron en la práctica una asociación para delinquir, en procura de sostener o aumentar sus utilidades desproporcionadas, convirtiendo en víctimas a sus propios usuarios.
En esas circunstancias, los médicos que trabajan en condiciones desiguales para las EPS, pueden ser vigilados y controlados en el cumplimiento ético de su deber, pero no convertidos en chivos expiatorios para el sostenimiento de un sistema degradante, que también los convierte en víctimas.
Lo que corresponde es un replanteamiento estructural del sistema de salud, paralelo al desarrollo de investigaciones que destapen formalmente la podredumbre existente en las EPS, mandando a la cárcel no a los médicos, sino a los cerebros financieros y logísticos que desde despachos públicos y privados convirtieron la atención médica en una ignominia social.