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Ilegalidad y política electoral

A propósito de las denuncias que se han hecho, tanto por la Defensoría del Pueblo como por la Misión de Observación Electoral (MOE), acerca de los riesgos para las próximas elecciones, que van desde posibilidades de amenazas de grupos armados ilegales de distinta naturaleza, hasta la influencia de financiaciones ilegales y modalidades ligadas a prácticas corruptas y de compra de votos

, no hay duda de que más allá de las causalidades señaladas, es importante destacar los factores de más larga duración que pueden ayudar a entender esa serie de fenómenos que terminan alterando y desvirtuando el funcionamiento de la democracia.

En la política colombiana, el mecanismo predominante de reproducción política, en los últimos tiempos, ha sido el clientelismo, que implica una lógica de reciprocidades y pago de favores en el sector público, y también en el privado, y que por lo tanto altera el comportamiento libre del elector (también tienen gran peso en la toma de decisiones políticas de los electores los condicionantes asociados al empleo, tanto en el sector público como en el privado).

Para el Profesor Francisco Leal, esto es expresión de un Estado políticamente débil: “La debilidad política del Estado en el país se manifiesta también mediante un fenómeno antidemocrático que es común en muchos países… el clientelismo, proyectado desde el 'gamonalismo' y el 'caciquismo' premodernos, a partir de la convivencia burocrática bipartidista durante el Frente Nacional, cuya agresividad derivada de su profunda penetración política me permitió denominarlo 'sistema político del clientelismo'… Esta situación trajo a su vez un mayor debilitamiento de la de por sí débil capacidad de 'expresión ciudadana', cerrando así un posible espacio de fortalecimiento del Estado. Esta inhibición del ejercicio ciudadano se inscribe no sólo en eventos electorales -a través de la compra de votos y el traslado de electores como rebaños-, sino también en la incapacidad de construir veedurías ciudadanas para vigilar decisiones políticas de miembros de corporaciones públicas y de numerosos mandatarios regionales y locales.”

Dos factores de larga duración afectaron el funcionamiento del sistema electoral y en general de la democracia. De una parte el largo conflicto interno armado y su desarrollo que generó no sólo el surgimiento de grupos guerrilleros, sino que fue igualmente un estímulo para la emergencia de grupos paramilitares; ambos actores terminaron desarrollando en las zonas donde lograron una cierta capacidad de influencia o de intimidación, un alto nivel de incidencia sobre los procesos electorales, incluyendo amedrentar candidatos o lo que algunos denominaron el “clientelismo armado”.

Adicionalmente, la irrupción en la sociedad colombiana del narcotráfico y su dinero asociado, desde los años 80, encontró en la práctica del clientelismo un terreno abonado para tratar de controlar la política, especialmente los poderes regionales y locales.

Estas reflexiones nos llevan a señalar la importancia de establecer todo tipo de controles y veedurías al proceso electoral que se avecina, mientras se avanza en medidas más radicales, si se quiere que la distorsión antidemocrática se logre controlar.



*Profesor Universidad Nacional



vargasvelasquezalejo@gmail.com

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