Indignación como acción política

La desmovilización paramilitar ha dado mucho de que hablar, en un país que en poco tiempo presenció la reorganización de los mismos con las mismas. La discusión de si los nuevos grupos armados ilegales, posteriores al paramilitarismo, son bandas emergentes, Bacrim, o herederos de los paras, ha desgastado los discursos, pues actúan con las mismas lógicas de imposición del control social y político.
Las amenazas recientes a líderes de barrios de Cartagena como Nelson Mandela, El Pozón, San José de los Campanos, y de los municipios de El Carmen, San Jacinto, Magangué, Zambrano, Arenal y Santa Rosa; y a líderes de organizaciones sociales como Afrodes, Andas, CND, Cabildo indígena, y las mujeres que le hacen seguimiento al auto 092; se interpretan como evidencia del acoso que siembra el terror y anuncia la sangre.
El flagelo no se alinea a una ideología política, hace años dejó de ser un pulso entre la izquierda y la derecha, y poco a poco se fue debilitando la justificación anti guerrillera. El asunto es uno solo: la posesión de la tierra, y detrás de ella, el narcotráfico.
Cuando el país empezaba a ocupar el segundo lugar en desplazamiento forzado, después de Sudán, y la crisis humanitaria advertía un desastre, fuerzas poderosas y sin escrúpulos iban sacando partido a la situación. Los campesinos se desplazaban, el Gobierno hacía espectáculos de desmovilización –unos reales y otros falsos-, la Corte declaraba todo el caos como un estado de cosas inconstitucionales, y los más vivos de los vivos se aprovechaban de las tierras.
Mientras los entes territoriales y Acción Social intentan cumplir los autos de la Corte, mientras la CNRR juega un papel importante en la recuperación de la memoria y la reparación, mientras se debate el futuro de la Ley de Víctimas, los violentos se ensañan contra las organizaciones sociales de desplazados, ofreciendo muerte si se interesan en la restitución de tierras.
El Ministerio del Interior debe ocuparse de Cartagena. La seguridad de las organizaciones es un problema nacional, que requiere medidas urgentes. El Estado tiene la obligación de proteger la vida de aquellos que procuran construir la democracia.
El Gobierno nacional debe apoyar a los gobiernos locales en seguridad. No sólo en la protección, sino en la investigación sistemática. Estas acciones violentas no son hechos aislados, obedecen a estructuras que se fortalecen en todo el territorio nacional y que anuncian tiempos difíciles.
La amenaza paraliza, confunde, aterroriza. La amenaza siembra la desconfianza. La solidaridad de la sociedad debe insistir en la resistencia civil a la violencia. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en develar, en visibilizar, en informar, en dejar de asistir a la violencia con eufemismos. No acostumbrarnos a los muertos, no acostumbrarnos a las amenazas.
Debemos indignarnos como acción política y darle la espalda a quienes anuncian el uso de las armas.