Injusticias pensionales

Es el fundamento de los fondos privados de pensiones, donde lo que el trabajador recibe cuando se jubila es la devolución del capital, más los rendimientos,  acumulados con sus cotizaciones mensuales de sus años de trabajo.
Es un principio razonable pero unidimensional. Solo mira el aspecto financiero, y por lo tanto no puede ser el único para diseñar un sistema pensional, sino que debe tener excepciones fundadas en otros principios como los de equidad y solidaridad. Hacer absoluto el principio de la autofinanciación puede generar profunda injusticia, pero también hay que decir que son injustas e inequitativas muchas de las excepciones aplicadas hoy a este principio.
La excepción más importante que se debe establecer es la “garantía de pensión mínima”: todo ciudadano debe tener derecho a recibir una mesada pensional que le garantice el mínimo para su subsistencia. Esta garantía existe en forma parcial en Colombia, pues solo se aplica a los afiliados al Seguro Social o a los Fondos de pensiones, y hay millones de colombianos que no lo están y enfrentan una vejez en la miseria. En un Estado Social de Derecho, es injusto que esta garantía no sea universal.
La universalización de la pensión mínima tiene un costo financiero alto que debe asumir el Estado como parte de su misión redistributiva y garante de la equidad. Pero como los recursos del Estado, que son los impuestos pagados, son limitados, es necesario ajustar el sistema pensional, como por ejemplo aumentar las semanas de cotización y, sobre todo, insistir en la formalización laboral y exigir contratos de trabajo dignos. La mejor solución al grave problema de la sostenibilidad pensional en Colombia es que todos los colombianos tengan un trabajo decente. La reforma pensional debe ir de la mano de la reforma laboral.
En el extremo alto del sistema pensional también hay grandes injusticias en la autofinanciación de las pensiones, pero ya no por excepciones que deberían existir, sino por aquellas injustificadas que deben ser eliminadas. Es el caso de los regímenes especiales de congresistas, magistrados y otros funcionarios públicos con enormes pensiones paras las cuales nunca cotizaron; más graves son los casos en que estas pensiones se obtienen de manera abusiva y corrupta en los carruseles de nombramientos con elevados salarios en los últimos meses del contrato laboral.
Como estos funcionarios no autofinanciaron sus pensiones millonarias el Estado, es decir, los contribuyentes, tienen que pagarlas. Es una injusticia aberrante que los escasos recursos públicos subsidien a unos pocos ricos en lugar de reducir la pobreza de millones. Hay que indignarse contra esto.
Hacia el futuro la solución es muy simple: eliminar todos los regímenes especiales y controlar y castigar de manera ejemplar los carruseles pensionales. Como los que ya los disfrutan alegarán derechos adquiridos para no dejárselos quitar, hay otra solución simple: reducir la exención tributaria a las pensiones altas.
Hoy solo pagan impuestos las pensiones superiores a $26 millones mensuales. Es un tope ridículamente alto. Si, por ejemplo, solo quedaran exentas las pensiones superiores a 10 salarios mínimos, solo se afectaría un pequeñísimo número de pensionados y el Estado recuperaría una parte del regalo sin justificación a unos cuantos privilegiados.