A velocidad de crucero avanza el proyecto de Contecar para que el Estado le concesione el privilegio de usufructuar 137 has de la bahía exterior de Cartagena y -aclarado el aviso de intención- rellenar dentro de esa área, una isla de 40 has. Su destino: cambiar el uso del mar para ser per seculam, receptor de contenedores, vehículos, carbón, graneles y demás carga, una concesión renovable garantizada cada 20 años.
El negocio se muestra ventajoso y redondo: el material de relleno saldrá del dragado del canal de Varadero, obra que financiarán 50% el Estado y 50% los portuarios. El costo de la concesión es bajito, 20% lo recibe la ciudad y el 80% el Estado, estando obligado a invertirlo en garantizar la navegabilidad y operación del puerto.
Se dice que la obra es para recibir los barcos post panamax y mover más contenedores y carga, a propósito de la ampliación del canal de Panamá y que es pensar en grande, convirtiendo a Cartagena en el principal puerto de América Latina. Recibir carga en tránsito y dado el TLC, la del mercado de importación-exportación, generando ganancia y empleo como aporte privado al progreso de la Nación.
Pero lo que se quiere no siempre se puede, ni las lecturas son unilaterales o simples. La Constitución exige equilibrios entre interés privado y ganancias, y sostenibilidad y defensa del patrimonio público.
No hay Ley que autorice rellenar el mar, ni porque en Dubai se pudo tiene facultad la DIMAR para concesionar tamaño despropósito. Pueden autorizar reordenar orillas y legalizar los rellenos, que en vez de sancionar premian, pero decir presente estudios y le autorizaré islas de 40 has para poner carga, es arriesgarse a un prevaricato por acción. El decreto 2324/84 no llega hasta allá. Lo permitido por Inderena y Cardique en la Isla del Diablo y lo de la Sociedad Portuaria en la bahía interior, no es un buen ejemplo que favorezca esa decisión.
¿Eliminar 40 has de vida marina para poner carga? ¿Cómo un estudio serio de alternativas podría justificarlo? Y más grave, no siendo una ineludible obra pública ¿qué autoridad puede sacrificar patrimonio natural en favor del interés privado? El fondo del mar es más que caracolejo, en Varadero, por ejemplo, hay una colonia de corales, y permitirle el relleno a unos es abrirle a otros el mismo derecho.
Lo solicitado por Contecar es expansión portuaria. Por ley, antes del trámite tiene que existir un Conpes y, claro, estudios de circulación de barcos y capacidad de soporte de la Bahía, no sea que la vuelvan una avenida congestionada en un archipiélago de rellenos.
Adaptarse al cambio climático implica remover infraestructuras que reduzcan espacios de captación de aguas. Existiendo suelo y amenazados con el aumento del nivel del mar, ¿cómo licenciar isla Relleno, que reduciría en la bahía esa captación?
Sin cumplir todas las obligaciones, a Contecar con la concesión 003 de 2008 le renovaron por 20 años la operación del muelle y la incorrecta eliminación del manglar de Ceballos, considerado en el POT zona de protección. Esas más de 59 has de todos aún no han sido habilitadas para recibir carga. Sin Ley, ¿a cambio de migajas hasta dónde lo público tiene que subordinarse al interés privado?
*Abogado ambientalista y comunicador
rvergaran@yahoo.com
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