Cuanto hay que perseguir y obtener es que sea pronta, cumplida y eficaz. Nada de andar parcelando la Justicia; segregándola en jurisdicciones para militares y civiles, burgueses y proletarios, cristianos y moros, católicos y evangélicos, conservadores y liberales, analfabetas y letrados, blancos y negros, indígenas y mestizos, costeños y cachacos, insulares y continentales, comerciantes y campesinos…;
Que es cuanto parece que persiguiera el debate perpetuo en el cual se debate la Justicia colombiana. De si la reforma de la cual es objeto ese trozo vital de la institucionalidad, sin cuya definida posición y funciones cojea el Estado, debe estar encaminada exclusivamente a administrarla por parcelas.
Porque así es como percibimos los colombianos tantos ires y venires, reformas y contrarreformas, que desde sus orígenes republicanos se proponen y consuman en ese veleidoso cuerpo que es la Justicia en Colombia.
Que se deba y opere exclusivamente al tenor de los intereses de fragmentados grupos de la sociedad. Y no, como lo promulga y establece la Carta Fundamental, a servir, sin excepción ni privilegios, de manera independiente y autónoma, a todos los integrantes de la Nación.
Y mientras ese sea el horizonte hacia el cual echan de ver y planean tantos y tan disimiles proyectos e hipótesis de Justicia en Colombia, la verdad es que va a resultar comprometido salir de Babia y llegar a algún Pereira. O, cuando menos, y en un periodo razonable, tener una visión de conjunto armonizada con el interés general de armar un compendio que la vuelva operativa, funcional y efectiva. Y no ese mapa de multiplicadas competencias, jurisdicciones y tribunales, que es hoy.
Dirán los doctos en sociología política y razón no habrá de faltarles, que cuanto deja asomar ese misceláneo galimatías en torno de estructurar un sistema eficiente e idóneo en la Justicia colombiana, y en otras instituciones, no viene más que a ratificar esa bien cuajada falta de visión y disposición para acometer lo fundamental, prevaleciente en nuestra historia.
En tanto el dilema de justicia a secas o justicia por parcelación no se resuelva, cada vez resultará más difícil administrarla sin prejuicios ni criterios que contradigan su carácter de conjunto de pautas y principios establecidos para procurar el bienestar de las personas observando con rigor aquellas normas jurídicas que regulan sus relaciones y conductas.
Igual que hay que resolver ese otro galimatías de nunca acabar en las sucesivas reformas de la Justicia que jamás han sido, que es el fuero militar. Y la única forma de resolverlo es eliminándolo. Ninguna prerrogativa distinta de la que tienen los civiles frente a la ley cuando la infringen deben tener los militares.
Ni a los congresistas ni a los eclesiásticos ni a los militares. Ni a ningún otro grupo de ciudadanos, en razón de la dignidad de sus cargos o de las funciones que ejercen en la sociedad, hay por qué otorgarles inmunidades especiales en desventaja de la mayoría de sus compatriotas.
¿O es que no están a la vista los desafueros de toda clase que se cometen, bajo el patronato del fuero, por sus usufructuarios y beneficiarios?
ENTRE COMILLAS: “No puede ser que nosotros nos declaremos incapaces de tener un sistema de administración de justicia que funcione”. Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Ministro de Justicia.
*Poeta
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@CristoGarciaTap
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