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Justicia y Seguridad

Es bueno que el fuero militar se discutirá y aprobará en un proyecto de ley diferente al de la reforma de la Justicia, que es un espanto.

No pertenecía originalmente a este proyecto y hay una propuesta de reforma de la justicia militar en curso, concebida por un grupo de distinguidos abogados y militares retirados que por su trayectoria profesional y democrática inspiran mayor confianza que los promotores del texto propuesto para el fuero militar que originalmente apareció, casi como un mico en el proyecto de ley de reforma de la Justicia.

El fuero militar parece necesario, existe en países con tradiciones democráticas más fuertes que la nuestra y es una aspiración legítima de los militares, pero es mejor discutirlo por separado en el proyecto de ley que corresponde, porque hay muchas dudas sobre el alcance de dicho fuero y de la misma reforma. Aunque es impecable la trayectoria democrática de los abogados miembros de la comisión para proponer el contenido de esta reforma, surgieron voces de juristas igualmente respetables que asustan a quienes admiten la necesidad de este fuero, pero temen que la reforma sirva para desmontar ciertas garantías civiles esenciales de la Constitución de 1991 y que incomodan a la derecha desde entonces.

Es un temor relacionado con las noticias de abusos de la fuerza pública, particularmente las desapariciones forzosas, las relaciones reales o imaginadas con paramilitares y bandas criminales, o los mal llamados “falsos positivos”,  

El jueves pasado alarmó en ese sentido el artículo de Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, en EL Espectador. (¿Un Estado de Excepción “Humanitario”?). Él sostiene que el proyecto de reforma de la Justicia Penal Militar  parte de la idea equivocada de que “el derecho internacional humanitario permitiría realizar lícitamente ciertas conductas en el conflicto armado que están siendo castigadas por la legislación penal” y que es un pretexto para “crear un nuevo estado de excepción, de carácter permanente, distinto a los previstos en los artículos 212 a 215 de la Constitución, y más parecido al estado de sitio que rigió casi sin límites en la anterior Constitución.”

Si se aprueba esa ley, el Ejército puede suspender las garantías constitucionales, detener e interrogar a civiles sin orden judicial y realizar otras acciones que no podría llevar a cabo hoy.

En otras palabras, el alcance de la reforma de la Justicia Penal Militar afecta a toda la sociedad, no solo a los militares,  y no ha tenido suficiente discusión porque se ha presentado como algo especializado que no atañe a los civiles. Pero las garantías constitucionales de todos ellos están en juego. Como la Corte Constitucional ya se pronunció valdría la pena que los ex magistrados de la misma, que han participado en el proyecto de reforma, nos den luces adicionales, y que los generales retirados también expliquen por qué es necesario cambiar la Constitución para hacer acciones ofensivas contra delincuentes, y poner a disposición de los militares nuestras libertades.

Es posible que hoy se le dé más peso a la seguridad que a la Constitución, pero hay riesgo de que en el futuro, con algún argumento extremo de seguridad nacional,  puedan sacar a cualquiera de su casa y llevárselo a media noche sin protección jurídica, y privado de derechos constitucionales.

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