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La apuesta regional

Por enésima vez se ha radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley orgánica sobre ordenamiento territorial. Ha sido el Gobierno nacional nuevo el encargado de impulsar el proceso legislativo, para llenar un vacío institucional existente desde hace un par de décadas.

Acorde con el criterio de Buen Gobierno, pregonado de tiempo atrás por el presidente Santos Calderón, se persigue con el nuevo estatuto legal la definición de una política “que facilite el cumplimiento de los fines esenciales: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la eficiencia de los principios, derechos y deberes consagrados en nuestra constitución”, tal como se lee en la exposición de motivos suscrita por el ministro Vargas Lleras.
A partir del concepto puntualizado en el artículo 2º del proyecto de ley, de ser el ordenamiento territorial “un instrumento de planificación y de gestión y un proceso de construcción colectiva de país”, se propone un repertorio normativo suficientemente flexible, para ordenar el territorio colombiano. Ello implica disponer de un marco institucional e instrumentos para promover el desarrollo, en forma tal que se facilite el progreso de las distintas comarcas de nuestra nación, dentro de una noción del mejor aprovechamiento de los recursos públicos y de equilibrio en el avance de las distintas secciones de nuestra geografía.
Con una noción clara de descentralización administrativa, se contempla la forma de compartir atribuciones y responsabilidades entre el Gobierno central y los entes territoriales. Hay la posibilidad de utilizar esquemas diversos de asociación entre la nación y ésta, y los departamentos y municipios, o entre estos, y queda prevista la puesta en marcha de las Regiones Administrativas y de Planificación, incluida en la Carta Política. Esto último responde a una vieja aspiración de zonas diversas del país, que han querido encontrar una expresión institucional que afiance sus perfiles sociales, culturales, étnicos y económicos, con el beneficio de un tratamiento mejor en la distribución de los ingresos fiscales del orden nacional.
Al quedar expedida la ley que ahora se somete al estudio y aprobación del Congreso, se habrá dado un paso de importancia significativa para cristalizar la aspiración generalizada de volver una realidad auténtica la descentralización administrativa.
Vendrá luego la integración de la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), la futura operación del Fondo de Compensación Territorial y la aprobación de la ley orgánica que establezca las condiciones para la conversión de la Región en entidad territorial, así como su financiación a partir de recursos del Fondo Nacional de Regalías.
En la Consulta Caribe del pasado 14 de marzo, la votación copiosa contabilizada confirmó la voluntad de integración regional, que anima al litoral norte. Ahora el Gobierno nacional abre el debate para cristalizar esta aspiración ciudadana. Es una primera etapa en el recorrido legislativo requerido. Nuevas disposiciones legales desarrollarán y complementarán la nueva ley orgánica. Es una oportunidad única para que quienes representan a la región caribeña en el Congreso de la República, asuman su responsabilidad con connotación histórica.

*Abogado Consultor en Minas e Hidrocarburos.

marcan2@etb.net.co

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