La Constitución de 1991 –que llegó a sus veinte años-, fue considerada en su momento como un ‘tratado de paz’ y hay que decir que esta denominación, como otras de carácter simbólico que se le atribuyeron, efectivamente marcó un cambio sustancial en relación con el conflicto interno armado, que igualmente llega al medio siglo de duración.
Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se viabilizó por un conjunto de razones que vale la pena recordar: 1) unas violencias entrecruzadas, dentro de las cuales sobresalía por su extremada crueldad la que adelantaba el grupo de narcotraficantes conocido como el Cartel de Medellín, a través del grupo ‘los extraditables’ y que tenía como objetivo la eliminación de la extradición; 2) el movimiento de jóvenes universitarios conocido como la ‘séptima papeleta’, surgido a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán y que proponían una Asamblea Constituyente; 3) la necesidad de adecuar el Estado colombiano a los nuevos tiempos y dejar atrás el modelo de Estado Interventor-benefactor que se había construido a partir de la reforma constitucional de 1936; 4) el colapso del llamado socialismo real con el hundimiento de los regímenes de Europa Oriental y la terminación de la guerra fría; 5) la incapacidad institucional para dar respuestas en términos de adelantar reformas –fracaso de las propuestas de reforma constitucional de Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y hundimiento de la reforma del gobierno Barco Vargas, incluidos allí los compromisos del Gobierno en las negociaciones con el M-19- lo cual había llevado al Profesor Mario Latorre Rueda a hablar de una ‘sociedad bloqueada’; 6) los procesos de paz exitosos con el M-19 y posteriormente con el EPL, el Quintín Lame y el PRT.
Distinto a otras constituciones de la historia colombiana, que fueron una imposición política de la fuerza dominante en un momento dado, aquí se produjo un ejercicio democrático sin antecedentes en nuestra historia política y constitucional. Allí estaban tres bloques mayoritarios que van a estar representados en la presidencia tripartita, el Partido Liberal liderado por Horacio Serpa, la Alianza Democrática M-19 por Antonio Navarro y el Movimiento de Salvación Nacional por Álvaro Gómez Hurtado y adicionalmente el Partido Social Conservador liderado por el ex presidente Misael Pastrana, la Unión Patriótica por el ex canciller Alfredo Vásquez Carrizosa y las minorías étnicas y religiosas.
Incluso, hubo esfuerzos por miembros del cuerpo constituyente, para lograr que las FARC, ELN y el sector del EPL, participaran en dichas deliberaciones, obviamente previos acuerdos políticos que llevaran a la dejación de las armas. Pero hubo una posición intransigente de estos grupos que impidió que el proceso de elaborar la nueva carta política fuera el momento de terminación de esa larga confrontación violenta.
Tienen razón quienes señalan que después de la Constitución de 1991, no existe ninguna justificación para continuar utilizando la violencia con pretensiones de lograr objetivos políticos. Esta Constitución contribuyó a deslegitimizar cualquier uso de la violencia con motivaciones políticas.
*Profesor Universidad Nacional
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