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La economía en la Constitución

En la reciente conmemoración del vigésimo aniversario de la Constitución de 1991 no se han destacado los cambios profundos que se le hicieron al marco regulatorio y conceptual de la economía colombiana.

Es curioso puesto que la Constitución define el campo de acción del Estado y de los particulares en materia económica, sus derechos y deberes, y sus libertades y restricciones.

Quizás el cambio más importante fue haber instituido como derecho la satisfacción de necesidades básicas de la población, en especial seguridad social, salud, educación, y vivienda. En los casos de salud y seguridad social estos cambios han operado claramente a favor de los más débiles. Se establecieron las bases para que todos los colombianos puedan acceder a estos servicios, un hecho sin precedentes en la legislación colombiana. El caso de la salud ha representado un cambio fundamental, que ocupa un lugar destacado en el continente, a pesar de sus dificultades. La tutela ha sido un dolor de cabeza, pero necesaria porque sin ella no se hubiera avanzado tanto en la protección de estos y otros derechos de los colombianos.

Con la autonomía que el Banco de la República adquirió se transformó radicalmente la forma como se concibe, se formula y se ejecuta la política económica, pues se limitó significativamente el poder del ejecutivo y sus grados de libertad para decidir y ejecutar las políticas, obligándolo a coordinar con el Banco la política macroeconómica. Esta limitación ha molestado a presidentes, pero los resultados son positivos, por lo menos en materia de inflación, confiabilidad y estabilidad.

La elección popular de gobernadores (la de alcaldes estaba vigente) y la distribución de servicios y competencias entre el gobierno central y los gobiernos locales que dio lugar a la creación del Sistema General de Participaciones han tenido enormes repercusiones fiscales. La descentralización también trajo consigo profundos cambios en materia de gobernabilidad, ejercicio de la actividad política, y organización y fortaleza de los partidos, no todos ellos positivos. La forma como se repartirían los recursos y las competencias de los distintos niveles de gobierno se delegó a una ley posterior, pero se previó que se estimularía la eficiencia fiscal a nivel local, dándole preferencia a la salud y a la educación, y prioridad a los municipios y regiones con mayor pobreza.

Los artículos referentes a tributación, moneda, manejo cambiario, planeación y presupuesto (en Colombia no existe la posibilidad de parálisis fiscal), así como los que regulan las privatizaciones, el manejo de recursos naturales, monopolios, instituciones financieras y servicios públicos quedaron bien y han permitido positivos desarrollos posteriores. Esto no se hubiera alcanzado sin la intervención moderadora del equipo económico del gobierno o sin la colaboración de algunos constituyentes destacados. Aunque no todos respaldaron inequívocamente las propuestas y objeciones del gobierno recuerdo que Rodrigo Llorente, Alfonso Palacio Rudas, Carlos Ossa, Guillermo Perry, Juan Carlos Esguerra, entre otros, fueron muy activos. María Mercedes Carranza se opuso vehementemente y con razón a que se despojara al Banco de la República de su función cultural. Augusto Ramirez Ocampo y Carlos Lleras fueron claves pues fueron integrantes del grupo de invisibles que produjo la versión final, que ”quedó bien”, según le informó Augusto (QEPD) a su señora al llegar a casa cuando habían terminado.

rhommesr@hotmail.com

 

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