Mientras se encienden alarmas por rebrotes de violencia en algunas regiones, algunos sectores de opinión la han emprendido contra el ministro Rivera, el mismo que –¡casi nada!– lideró la operación que mató al “Mono Jojoy”. Lo culpan de incapacidad para liderar la política de seguridad del Gobierno.
Los ganaderos hacemos parte de esa voz de alerta sobre la inseguridad. Desde hace más de un año, en el programa de TV Expedición Ganadera y en diferentes medios de comunicación, advertimos sobre las Farc en la Guajira, el abigeato en el Cesar y las bandas criminales en Córdoba, sumadas a rebrotes de violencia en Cauca y Arauca, entre otras regiones. Así pues, la alerta es justificada, pero no necesariamente la inculpación al Ministro. Pedir cabezas es un fácil y da réditos políticos preelectorales, pero es más constructivo ir a las verdaderas causas.
El narcotráfico es la principal. Mientras subsista, serán inevitables los rebrotes de violencia de sus bandas criminales o su alianza con la guerrilla. Antes de cuestionar al Ministro, habría que revisar las relaciones con Estados Unidos, porque la “diversificación de la agenda” no puede sacrificar “la corresponsabilidad”. Mientras los países productores siguen poniendo los muertos, la degradación social y ambiental, y el desprestigio para su fuerza pública en medio de una guerra sucia, el presidente Obama anuncia una nueva reducción de la ayuda contra el narcotráfico para 2012. Estuve en la ronda de negociaciones con Corea del Sur en Los Angeles. Indigna constatar el consumo desvergonzado de drogas de los estadounidenses. Esto sin contar que el TLC con ese país, tampoco arranca.
Eso desmoraliza a quienes se arriesgan en la selva buscando campamentos guerrilleros y laboratorios clandestinos. Y los desmoraliza también el nuevo riesgo para cumplir su deber: ser llevados ante los tribunales, sin que el Estado y la sociedad, que les exigieron exponer sus vidas para preservar las de todos los colombianos, hagan algo por apoyarlos y defenderlos.
Bajo la presión de personas y organizaciones que usan los derechos humanos como bandera política, el Gobierno eliminó en la práctica el fuero militar y las competencias de la Justicia Penal Militar, quitándole a los militares el derecho a una justicia acorde con la realidad de la lucha contra todas las formas de violencia.
Por ello, hay que restaurar la vigencia de la Justicia Penal Militar, según la Constitución y con los controles necesarios. Entretanto, urge garantizar la defensa de los militares y policías ante la justicia ordinaria, a través de la Defensoría de la Fuerza Pública. No olvidemos que “la guerra se gana en el corazón de los soldados”, y es allí donde la podemos empezar a perder después de esfuerzos tan enormes, si el Estado y la sociedad no acompañan de verdad a quienes los protegen. Es un asunto de solidaridad y de supervivencia.
El ministro Rivera no ha podido hacerlo mejor. Pero si no logramos mantener la motivación de la Fuerza Pública y, sobre todo, si continuamos por el camino de igualar ante la justicia a nuestros héroes con los delincuentes de toda laya, ningún ministro podrá evitar que la violencia siga intentando levantar alguna de sus mil cabezas.
*Presidente ejecutivo de FEDEGÁN.
jflafaurie@yahoo.com
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