El país recibió con positivismo el anuncio de la muerte del “Mono Jojoy”, jefe guerrillero que por su carácter beligerante y despiadado se había convertido en uno de los verdugos más temidos por el pueblo colombiano. No obstante, no pretendo analizar aquí esa victoria militar, sino indagar en las razones por las cuales el Gobierno y la ciudadanía mayoritariamente propenden por una salida militar del conflicto interno. Examinar por qué gran parte de los colombianos aprueba que las fuerzas militares sigan a la ofensiva, continuando con los éxitos obtenidos; en tanto que los dirigentes y militares consideran que les asiste el derecho de hacer la guerra (ius ad bellum), de profundizar en la confrontación bélica, para lograr la rendición de quienes se han levantado contra el orden constitucional. En la Suma Teológica, Tomás de Aquino estableció tres presupuestos necesarios para una guerra legítima: (i) que ésta sea declarada y se libre por la autoridad pública competente; (ii) que exista una causa justa para atacar al enemigo, o sea, que haya tenido lugar una agresión; y (iii) que las intenciones que se tengan sean lícitas, es decir, que el objetivo de la confrontación tenga un propósito loable, como el de alcanzar la paz. Hoy, el Estado colombiano tiene la certeza de estar librando una guerra justa, porque confluyen esas tres condiciones: la ofensiva contra las FARC la conduce el Presidente de la República; la guerra es la respuesta a un cúmulo de ataques y agresiones que ese grupo guerrillero le ha causado a las fuerzas militares y a la población civil; a la vez que se tiene la intención firme de que la confrontación conduzca a la paz. De ahí la superioridad moral con que el Estado y la sociedad miran a la subversión. Es tal la legitimidad que tienen para combatirla, que no consideran necesario entrar a dialogar o negociar con ella: no hay nada que aprender del enemigo, éste nada tiene que aportar. Además, si el Presidente Santos avanza con su agenda legislativa liberal y progresista, puede trasladar al terreno político la ofensiva contra las FARC. Si el Gobierno logra que se apruebe la ley de tierras para restituir a los campesinos dos millones de hectáreas que les fueron usurpadas, daría un gran paso en la solución del problema de la distribución del suelo, que las FARC históricamente han señalado como justificación de su existencia. Y de aprobarse la ley de víctimas, nacería el marco jurídico para reparar a las personas que han sufrido daños, cuestión necesaria para reconstruir el tejido social en el posconflicto. Habiéndose esfumado el mito de un secretariado intocable, empieza a tomar fuerza la tesis de que las FARC pueden ser derrotadas militar y políticamente, y que las reformas sociales deben adelantarse por los canales institucionales, sólo con actores vinculados a la civilidad. El Estado puede llevar a las FARC en los próximos años a un escenario de invisibilidad política y reducción militar: uno en que el país adelante reformas profundas sin que la guerrilla sea tenida en cuenta, y en donde el conflicto bélico sea tan esporádico y de bajo impacto que no se afecte el orden público. Para que no le quede a las FARC otra opción que incorporarse a la vida civil en vez de permanecer en la guerra. *Abogado y Filósofo tiradojorge@hotmail.com
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