La hostigante extorsión

Cuando se habla de extorsión, casi que por instinto, las gentes dirigen sus pensamientos a la guerrilla, los paramilitares o a las bacrim. Asocian el concepto de extorsión a la exigencia de dinero de parte de aquellos con quienes no se tiene relación alguna, pero que están prevalidos de su capacidad de hacer daño físico, como secuestro o muerte o quema de bienes.
Empero, la situación es peor. La extorsión se ha convertido en ingrediente natural de los trámites en algunas dependencias oficiales. Cierto, muy cierto, que en la administración pública existen personas honestas que cumplen sus deberes con diligencia y entusiasmo, con respeto por el usuario, y que no sólo no piden nada a cambio por su buen servicio, sino que rehúsan, con cortesía o con enojo, cualquier dádiva que se pretenda entregarles como retribución por su buena atención. Las hay pero, y es lamentable, no muchas en los cargos claves de la función pública.
Las gentes saben que, por lo general, el pago de una cuenta, el recibo de una obra, la firma de una decisión que reconozca un derecho o, en general, cualquier resolución que interese al usuario no se producirá sin el pago previo de una coima. Las penurias del fisco son el mejor negocio para ordenantes de gasto, funcionarios de hacienda y tesorería; como lo es para otros la asignación de contratos o la firma de la decisión que finalice un trámite.
El oficio de muchos intermediarios o gestores se reduce al sórdido papel de negociar el precio de la extorsión y llevar el dinero, para que el funcionario corrupto tenga la ventaja de que el ciudadano extorsionado no pueda aseverar que le entregó recompensa por acto a que estaba legalmente obligado por razón de sus funciones.
Y este mercado mefítico se encuentra en alcaldías y gobernaciones, en los entes descentralizados y, para mayor desgracia, en la justicia y en los entes de control. El país entero está carcomido por la extorsión que ya parece ínsito en la función pública colombiana. No hay trámite sin paga.
Por eso insisto en preguntar si, por ejemplo, el Alcalde de Cartagena y el Gobernador de Bolívar nos pueden garantizar a los ciudadanos que todos los pagos que en este año han hecho sus respectivas entidades se han realizado con apego a la antigüedad de las cuentas. Y si no es así, que nos expliquen las razones de las preferencias. Así empezaríamos a desvelar la corrupción.
Esto de las cuentas es apenas una arista del entramado de la corrupción. Si miramos el complejo de actividades de la administración pública queda bien claro que el llamado Gaula debiera estar detrás de cada ventanilla de pago, detrás de todo escritorio que autorice trámite o reconozca o deniegue derechos, porque esas filas de usuarios que con angustia llegan todos los días a requerir los indispensables servicios de la función pública, esas filas suelen estar pobladas de víctimas de extorsión.
La extorsión, señores del Gaula, campea en los escritorios y oficinas de gobierno. No hay que focalizarla en el campo ni en los suburbios ni en las Oficinas de Envigado ni en las vacunas guerrilleras y paramilitares.

Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com