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3 - 4 - [object Object]
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La justicia



Las declaraciones de la señora Fiscal Viviane Morales no dejan lugar a dudas acerca de la gravedad del asunto: la fiscalía acusará en próxima audiencia pública a 7 funcionarios del Ministerio de Agricultura, entre los cuales se encuentran el Viceministro Juan Camilo Salazar y el ex director del Incoder Rodolfo Campo Soto. Igual lo hará contra 15 miembros de las poderosas familias costeñas, residenciadas en el departamento del Magdalena, Vives Lacouture y Dávila. El ex ministro Andrés Felipe Arias está siendo investigado directamente por la Fiscal General, en razón de su fuero.

De acuerdo con las primeras revelaciones, los miembros de estos clanes caribeños, contra los que se pedirá medida de aseguramiento, tendrán que explicar por qué “hay documentos falsos, irregularidades y datos alterados” en los proyectos presentados, además de “manipulación de la información y fraccionamiento de proyectos para recibir más de un subsidio”. Casi 7 mil millones de pesos les fueron otorgados a estos 15 implicados. Recursos que debieron ser entregados a campesinos para proyectos productivos y de riego.

Coincidiendo con las determinaciones tomadas en el caso de Agro Ingreso Seguro, la Corte condenó finalmente al ex senador Mario Uribe a 7 años y medio de cárcel por pacto con el paramilitar Salvatore Mancuso, en lo que es la decisión de mayor trascendencia en la investigación que se sigue contra el paramilitarismo en Colombia.

Al reflexionar sobre ambas decisiones, no he podido dejar de pensar, en primer lugar, en lo más obvio: fiscales y magistrados están enfrentando con valor los casos más sonados de corrupción en la administración pública y de crímenes de lesa humanidad. Por lo que es previsible que vengan otras condenas contra altos funcionarios y políticos colombianos. 

Pero, como ya dije, eso es apenas lo evidente. Lo otro es que estas investigaciones comprometen a varios de los amigos y familiares más cercanos del presidente Uribe, y amenazan con destruir en medio de una interminable sucesión de condenados la popularidad del uribismo. Y en el caso más extremo, podrían llevar al ex presidente mismo a los tribunales.

Visto en perspectiva, lo cierto es que no pasa un día en que no nos enteremos de actos de corrupción que por sus dimensiones empequeñecen a los anteriores. A toda hora, la televisión, la radio y la prensa nos hablan de contratos, o de negociaciones en general, en las que el Estado es asaltado en sumas astronómicas, que bien podrían servir para cubrir los déficits de viviendas y de buenas escuelas en el territorio nacional.

La opinión pública, esa formada por los hombres y mujeres que viven de su trabajo honesto, transpira indignación por todos los poros, y pide apenas una cosa: que se haga justicia, y ojalá sin perjudicar a quienes son inocentes.

*Historiador. Profesor de la Universidad de Cartagena

alfonsomunera55@hotmail.com

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