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La Ley del Empleo

Desde hace más de 20 años, los gobiernos nacionales han expedido leyes con el presunto fin de generar empleos. Todos recordamos la Ley 50 de 1990 y la famosa 789 de 2002, conocida como la Ley de la empleabilidad. En ambas disposiciones la fórmula que concibieron fue la de reducir o eliminar de manera sustancial los derechos laborales de los trabajadores, tales como la retroactividad de las cesantías, las extensión de la jornada diurna hasta las 10 de la noche, indemnizaciones pírricas por despidos injustos, etc., es decir, escogieron la vía de la pauperización de la mano de obra del trabajador colombiano, pero contradictoriamente en estas dos últimas décadas el desempleo, en vez de decrecer se mantuvo a unos niveles altos, siempre de dos dígitos.

El gobierno de Juan Manuel Santos pretende -a través de una nueva Ley, la 1429 de 2010-, generar y formalizar el empleo, para lo cual estableció estímulos e incentivos fiscales y crediticios que permitan a las empresas existentes generar nuevos puestos de trabajo y formalizar el sector de la economía informal. 
La realidad es que hoy en Colombia, de acuerdo con el último informe del Dane, el desempleo cobija a 2.381.000 colombianos  y en el subempleo a 6.817.000, lo cual indica que entre el desempleo y la informalidad hay más de 9.000.000 de compatriotas, cuando la PEA (población económicamente activa) es de 19.000.000.
Por esto ocupamos el segundo lugar entre los países Latinoamericanos con el desempleo más alto. En el caso de los jóvenes, la OIT señala que, con corte a octubre de 2010, Colombia es el país con el mayor índice de desempleo, especialmente entre personas de 15 a 24 años de edad, con una tasa del 24 por ciento y es uno de los países con mayor índice de desocupación entre las mujeres (14,8 por ciento) solo superada por Jamaica (16,7 por ciento) y República Dominicana (21,9 por ciento). Todo esto, a pesar de que en el último lustro se nos ha dicho que las tasas de crecimiento del PIB han estado por encima del 5% y el 6%, lo que permite concluir que el aumento de la riqueza no es correlativo con el aumento del empleo y que no existe una redistribución real del ingreso nacional.
Las leyes que se han expedido para combatir el desempleo en Colombia en realidad no han dado resultados, lo que debe motivar a nuestros gobernantes a analizar que el problema del desempleo tiene unos orígenes y causas que no se resuelven por la vía de la pauperización laboral o del simple estímulo al empresariado.
Mientras en el país no exista -entre otras cosas- una política de protección del mercado interno, es decir, de la producción nacional, en el sentido de que los colombianos compren colombiano y por el contrario se estimule desde el Gobierno el libre comercio y la compra de mercancía extranjera, será imposible que en Colombia se pueda hablar de generación y formalización de empleo, porque todos los días se cierran empresas nacionales por no ser competitivas.


*Asesor Área Laboral Consultorio Jurídico Universidad de San Buenaventura seccional  Cartagena.


davidmun@hotmail.com

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