Los estudiantes de universidades públicas y algunos rectores hicieron una demostración esta semana de lo que parece ser el principal problema de la educación superior en Colombia: el sistema universitario no está educando a los jóvenes sino metiéndoles en la cabeza clichés que ellos incorporan como dogmas. No se les está enseñando a pensar, a discutir y a debatir sino a portarse como fanáticos capaces de matar por ideas sin contenido y valores carentes de sentido. Las nuevas generaciones no se están formando para ser miembros de una sociedad capaz de entender sus problemas y hallarles soluciones.
El miércoles pasado, quienes transitaban por las calles de algunas ciudades del país pudieron ver de cerca a futuros profesionales encapuchados, agrediendo a la policía y corriendo delante de los gases lacrimógenos. Son una minoría estudiantil que acude con facilidad a la violencia para impedir que se produzcan cambios, porque no hay un medio más reaccionario y más adverso al cambio y al libre debate de ideas que las universidades. Deprime saber que a la Universidad Pedagógica la llamen “la Piedralógica” o que las papas bombas que hicieron volar en pedazos a los estudiantes pastusos estaban destinadas a impedir que se habiliten nuevas fuentes de recursos para la educación superior. Porque eso es lo que pretende hacer el gobierno con el proyecto de ley que suscitó las protestas.
También es deprimente que sin haberse dado un debate sereno e inteligente sobre las bondades o desventajas de esa ley, el gobierno ya está dejando entrever su disposición a enterrarla como respuesta a la insensatez exhibida en los medios universitarios. Se sabía de antemano que la propuesta iría a pisar callos. No puede ser, entonces, que vaya a correr la misma suerte que corrió la reforma del sistema tarifario de transporte de carga por carreteras. ¿Cómo se va a promover un proceso democrático de cambio si a cada propuesta reaccionan con violencia los beneficiarios del statu quo y si el gobierno no insiste en sus propósitos?
Lo que el gobierno propone es permitir que se establezcan instituciones de educación superior con ánimo de lucro, y que el sector privado pueda aliarse con universidades públicas o privadas para llevar a cabo proyectos académicos o investigativos con ánimo de lucro. Por ejemplo, que unos inversionistas se alíen con científicos de la Nacional para desarrollar una vacuna que puede hacerlos ricos a todos, y que lo hagan institucionalmente, con participación de la universidad y por encima de la mesa. Esto no quiere decir que se va a acabar con la universidad pública, ni que le van a dejar de asignar recursos del presupuesto sino que las universidades que así lo deseen pueden gestionar recursos de esa forma. ¿Cuál es el problema?
El rector Wasserman dice que esta reforma no sustituye el mayor esfuerzo que debe hacer el gobierno para financiar la universidad pública. Eso es cierto, pero tampoco les haría daño a las universidades disponer de otra fuente de recursos.
Por otra parte, si la mayoría de las universidades que hoy posan de no tener fines de lucro y desvían recursos para sus fundadores, se hubieran organizado como empresas y no como fundaciones, pagarían impuestos. Podrían haber ingresado al sistema empresarios orientados a promover la excelencia y no especialistas en armar roscas y hacer trampa.
rhommesr@hotmail.com
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