Según El Tiempo, el 30 de junio -ayer- el Hospital San Rafael de Bogotá, cerraría sus puertas porque sus médicos y funcionarios renunciaron por la falta de pago de sus magros salarios y la ausencia de insumos. La postración del hospital se debe a que las EPS y las EPSS (Régimen Subsidiado) no les pagan y en este momento les deben 70.000 millones de pesos.
La crónica resalta que en este hospital se realizan mensualmente más de 1.200 cirugías y 10.000 consultas de urgencias. Su cierre, si no se impidió a última hora, será un golpe grave para la descaecida red hospitalaria de Bogotá. Y lo más grave es que están en capilla para la estocada mortal otros hospitales como el Simón Bolívar, Tunal, Kennedy y Santa Clara.
La noticia dice que de los 22 hospitales de la red distrital de Bogotá, 11 están al borde del colapso porque las EPS les deben más de 260.000 millones de pesos. La situación es tan grave que al lado del hospital de Kennedy, el secretario de salud de Bogotá ordenó armar una tienda de campaña para atender a la gente (una especie de hospital de guerra).
De cerrarse el San Rafael, compartiría la suerte de las decenas de hospitales triturados por el modelo de salud implantado con la ley 100. A los hospitales cerrados se suman muchos consultorios privados y laboratorios clínicos, a lo cual se agrega el abandono de la profesión o la práctica restringida (atender sólo pacientes privados, de medicina prepagada y compañías de seguros) de muchos especialistas, lo que hace que obtener una cita con estos galenos calificados, en una EPS, sea difícil en la mayoría de las ciudades del país.
El panorama de la salud es tétrico, los hechos recientes así lo corroboran: varias (EPS) quebradas, otras intervenidas, decenas de hospitales privados, que trabajan a media marcha por falta de plata, y los médicos bravos como el carajo por las tarifas de miseria que les pagan.
Las víctimas principales, que no las únicas, de este desmadre, son los usuarios, que parecen almas en pena, deambulando de un sitio a otro, preguntando dónde y cuándo los pueden atender. Lo que antes era un derecho se ha transformado casi en un acto de caridad. Es inexplicable que un sistema que recibe más de 35 billones anualmente, fruto de los descuentos a los afiliados y a las empresas, esté en un estado de postración tan grande que algunos pacientes tienen que encadenarse como mecanismo de protesta para lograr que los atiendan (como sucedió hace un mes en Cartagena), pues parece que muchas EPS no obedecen ni los fallos de tutela, los cuales se los pasan por el “derriere”.
En fin, es necesario reformar la ley 100 y quitarle tanto peaje a la plata de la salud. Mientras tanto, y a riesgo de parecer reiterativo, repito lo afirmado en una nota anterior: es necesario que a la salud se le dé el mismo tratamiento prioritario que a la crisis del sector financiero de 1999, cuando se creó el Fogafin.
El asunto es urgente y se debe hacer antes de que otros hospitales colapsen como el San Rafael.
*Directivo universitario. Miembro de la Academia de la Historia de Cartagena.
menrodster@gmail.com
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