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La política y la seguridad

Hace un par de semanas escribí que una de las razones por las cuales las políticas económicas no tienen la efectividad esperada es porque muchas de las instituciones y el sistema político no contribuyen al desarrollo y al crecimiento económico.

Tienden a favorecer a los que tienen el poder y excluyen a muchos otros grupos. También coadyuvan al establecimiento de hegemonías regionales competitivas e ilegales por parte de guerrilleros o criminales.

Esto último está estrechamente ligado a la inseguridad e incide sobre la efectividad de las políticas de seguridad cuyo alcance también está limitado por la organización política territorial. El término de seguridad democrática se acuñó quizás para diferenciarlo de otros como el de seguridad nacional, impuesto por regímenes dictatoriales en el sur del continente y en Brasil, con funestos resultados. Seguridad democrática en esencia debería obtenerse imponiendo el control del estado, respetando las instituciones democráticas y los derechos humanos, en contraste con la que se alcanza haciendo caso omiso de ellos.

Si esas eran las intenciones, no se cumplieron los objetivos. Aunque mejoró notablemente la seguridad en las carreteras y en vastas regiones del país y se sacó Colombia de encima el INRI de democracia en un estado fallido, no lo logró del todo ni en forma permanente, y no fortaleció las instituciones. En respeto a los derechos humanos el país no ha podido salir de las listas negras de instituciones internacionales especializadas. Internamente también sufrió la política de seguridad un golpe fuerte con el escándalo de los “falsos positivos”, con los asesinatos de líderes comunales y posteriormente con las acusaciones de simular el sometimiento de un singular frente guerrillero y otros incidentes que no demeritan los resultados ni su buen impacto sobre la economía o la “confianza inversionista”, pero sí crean suspicacias sobre los métodos utilizados.

Por otra parte, depender en muchas regiones de grupos privados paramilitares para contener a la guerrilla, y la alianza de estos grupos con comandantes de la fuerza pública por un lado o con jefes políticos regionales por el otro, crean dudas sobre la posibilidad real de aplicar una política de seguridad democrática, más cuando muchas poblaciones del país siguen controladas por grupos criminales, con políticos a su servicio, o por caciques políticos regionales aliados con los criminales. Muy notorio en este contexto es que algunos de los territorios de los que fue desalojada la guerrilla, que eran corredores de armas y de droga, no pasaron a control del estado sino que siguen en manos de criminales.

Se intentó desmontar el aparato paramilitar, pero sin poder controlar sus secuelas. En esas regiones todavía dominan las mismas familias que estuvieron aliadas con ellos o han pasado a dominar grupos aún más sanguinarios y con menos restricciones morales. En otras sigue dominando la guerrilla, también aliada a criminales y políticos  o directamente involucrada en el negocio ilegal de droga, en el cultivo de insumos o en la operación de laboratorios.

El resultado sigue siendo que el control territorial no está en manos del estado exclusivamente. Sus funciones son ejercidas por distintos grupos que lo combaten y le compiten y el sistema político se nutre de esta situación para fortalecer el clientelismo y debilitar la democracia en toda la nación.

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Ciertamente lo ke hay es un

Ciertamente lo ke hay es un parapeto como Estado.