La privatización de la Justicia

El modelo económico neoliberal convirtió los derechos fundamentales en mercancía.
El Estado fue reducido y se privatizaron servicios públicos, salud y educación.
El triunfo de la movilización estudiantil, ha neutralizado en parte este atentado, pero la verdadera confrontación apenas comienza. Ahora viene la privatización de la Justicia: el ejecutivo ha presentado 3 proyectos, el más reciente ya cursa en el Congreso. Se apuntala en ella a la eliminación del principio de independencia y autonomía del poder judicial, se desjudicializa la administración de justicia y  se pretende generar mayor impunidad.
La reforma sentará bases constitucionales de privatización, asignando funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas en general y a otras con carácter técnico; a funcionarios administrativos del orden departamental, municipal y distrital; a particulares, centros de conciliación, ciudadanos habilitados, abogados, estudiantes de derecho y empleados judiciales. Además el ejercicio de la acción penal por la víctima u otras autoridades distintas a la Fiscalía.
Ello implica que el servicio tendrá costos para los usuarios, habrá menos jueces, y aquellos que en su remplazo ejerzan la función, lo harán por un salario más bajo y los estudiantes de derecho prestarán el servicio como requisito para obtener el título.
Se creará una comisión especial de desjudicialización para determinar las conductas sujetas a los procesos que se asignarán a estas personas, funcionarios e instituciones.
Es claro que las autoridades administrativas dependen del Ejecutivo y por ende esta injerencia y desjudicialización debilitan la independencia y autonomía de la rama judicial.
El fuero militar tal como está planteado en la reforma señala un camino de impunidad.
Todas las conductas criminales de los miembros de la fuerza pública se presumen en relación con el servicio en desarrollo de sus operaciones y procedimientos.
Es decir, el principio de favorabilidad dará al traste con los procesos en curso, entre otros “los falsos positivos” que pasarán a la justicia penal militar, con resultados ya diagnosticados en esta jurisdicción.
Se fortalece el Consejo Superior de la Judicatura y especialmente la Sala Disciplinaria, cuyo presidente lo será también de la Corporación y su origen externo de carácter político, con magistrados ternados por el Ejecutivo  y nombrados por el Congreso, dejará el gobierno de la rama judicial en estos alfiles del establecimiento, que además tendrán la función disciplinaria sobre empleados y auxiliares de la justicia.
Obviamente serán muchos los jueces suspendidos en su función, sin fórmula de juicio, cuando sus decisiones molesten al Ejecutivo, tal como viene ocurriendo.
El ejecutivo tendrá el control administrativo y disciplinario de la rama judicial.
Los demás temas son de menor importancia para la sociedad, Asonal Judicial rechaza de plano esta nueva modificación de la carta política, pues no atiende las verdaderas necesidades de la justicia de los colombianos.
En medio de este desolador futuro de la rama, la Fiscalía Seccional de Cartagena cumple 10 días de cese de actividades, por condiciones indignas de los puestos de trabajo y lesivas de los reglamentos de salud ocupacional, por falta de ventilación, luz artificial, goteras, plagas, malos olores, factores que vienen deteriorando la vida y salud de los trabajadores judiciales.

*CUT BOLÍVAR

cutbolivar@gmail.com