Con la preocupación de que la economía no va a crecer lo suficiente he venido explorando y discutiendo en los últimos artículos oportunidades para aumentar la tasa sostenible de crecimiento de largo plazo. Pero este ejercicio ha supuesto que el rápido desarrollo minero tendría lugar durante este período presidencial y en los años siguientes, sobre lo cual están surgiendo dudas.
El sector minero en Colombia tiene un potencial excelente, pero ese potencial está en peligro de no materializarse por muchas razones, entre las que predominan una fuerte oposición a los principales proyectos próximos a iniciarse y la ausencia de políticas e instituciones que faciliten la puesta en marcha de proyectos nuevos o las grandes expansiones de los existentes.
Contra los proyectos nuevos se ha creado una oposición organizada, cada vez más poderosa, que cuenta con el apoyo de sectores políticos, ONG, alcabaleros, ambientalistas, líderes sindicales, comunitarios y oportunistas de toda índole –desde comunidades ancestrales recién fundadas hasta damnificados ubicuos que son afectados potenciales, independientemente de donde estén localizados. Contra las expansiones conspiran el desinterés del Gobierno y la falta de conocimiento del sector.
En general, los proyectos mineros no cuentan con la simpatía de los medios ni de la opinión pública, que prefieren dejar que se lleva a cabo a sus espaldas en forma ilegal y desorganizada. A esta hipocresía y al relativo desinterés del Gobierno con los problemas y conflictos del sector hay que añadir el desconocimiento del impacto económico y la magnitud de los proyectos, o de la secuencia y los tiempos en los cuales se presentan los beneficios y los costos. La insuficiente o incorrecta comprensión de la naturaleza de la actividad minera lleva a que el Gobierno, las comunidades, los trabajadores y la sociedad se formen expectativas equivocadas. Este problema lo destaca un documento presentado en el World Economic Forum, donde se lanzó una iniciativa para el desarrollo minero responsable.
En el caso colombiano se desconoce cuántos proyectos están en camino, en qué etapa están y qué peligro corren de no realizarse. Los proyectos de minería del oro que tanta oposición han suscitado no entrarían en operación hasta 2013 y 2016 si superan los impedimentos. Proyectos de desarrollo de otros minerales se llevarían a cabo más tarde (Alvaro Ponce M. “Panorama de la Actividad Minera en Colombia”, Latin Exploration 2010, Buenos Aires, Argentina). Si los opositores logran matar uno o más de esos proyectos, es probable que los otros no se realicen. Entonces, la perspectiva de desarrollo minero depende en el corto y mediano plazo esencialmente de los proyectos ya existentes de carbón, níquel, petróleo y oro. Los demás, que son muchísimos (más de 1.800 contratos para explotar minerales preciosos, más de 500 áreas de exploración de cobre, 481 de zinc, 188 de plomo, 78 concesiones de níquel, exploración de hierro en las tres cordilleras y otros) y potencialmente muy importantes se emprenderían más tarde si no los logra parar el movimiento contrario a la minería.
El problema es que el Gobierno parece ajeno a esta situación y no asume el papel que le corresponde para canalizar en forma ordenada las legítimas preocupaciones y demandas de las comunidades y otros grupos de interés y para otorgarle a la actividad minera estabilidad y protección institucional.
rhommesr@hotmail.com
Comentarios ()