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La reforma imposible

Al culminar el tercer debate del proyecto de reforma a la justicia, las altas cortes decidieron sabotearlo y para ello acudieron al expediente de desacreditarlo. No otra interpretación puede darse a sus manifiestos en que anuncian que no acompañarán el proceso. Así, buscan deslegitimarlo y presentarlo como una expedición punitiva de la justicia, emprendida por los congresistas interesados en cobrar presuntas revanchas.

Por su parte, el ejecutivo, muy al estilo Santos, prende velas sucesivas a todos los actores, en el juego de aparecer complaciente con todos, dejando siempre la puerta abierta para la retirada.

Esta discusión pone en evidencia que en el país hay la tendencia a no respetar las reglas de juego y a la desinstitucionalización. Si conforme a la Constitución, es al Congreso al que corresponde estudiar y aprobar sus reformas, ¿no es acaso intromisión indebida que se quiera consagrar el principio de que sin anuencia de las altas cortes no es admisible ninguna reforma?

Por otra parte, llama la atención que las cortes descalifiquen el proyecto porque les mutila la injerencia en asuntos ajenos a la justicia como la elección de contralor de la República, registrador nacional y procurador de la nación. Es tonto pensar que la democracia se desequilibra si los jueces se reducen a su papel de administrar justicia, liberándolos de la corruptora intervención en otros menesteres de selección burocrática. Pero este argumenta sienta las bases para que la Corte Constitucional encuentre inexequible el texto aprobado.

En cambio sí es valorable que se diga que el proyecto no resuelve el problema cotidiano del ciudadano común que no encuentra quien en términos breves y seguros reconozca y haga respetar sus derechos. Aunque tampoco es exacto, porque en el proyecto se consagra con especial énfasis la obligación de procurar protección al usuario y al consumidor, y remarca el derecho a tener acceso a la justicia y a obtener sentencia en términos razonables.

A su turno, es previsible que el Congreso resulte acorralado. Al fin y al cabo, son bien conocidas las andaduras de dudosa licitud en que viven empeñados muchos congresistas y que los hacen muy vulnerables y, por lo mismo, proclives a la obsecuencia hacia sus eventuales jueces. No se cuenta, entonces, con un Congreso con independencia real, que pueda obrar en favor del país.

En ese juego de fuerzas, en que la legitimidad del Congreso derivada del voto de muchos millones de colombianos poco aporta para reforzarles la autonomía y coraje para ejercer sus prerrogativas constitucionales, el resultado será lánguido para la sociedad.

Se afianza entonces el convencimiento de que la justicia sólo podrá ser reformada en forma seria y profunda mediante el mecanismo de una constituyente. Un mandato del pueblo, el titular exclusivo de la soberanía, es la única vía adecuada, hoy, para dotar al país de un sistema judicial efectivo, despolitizado, descentralizado y racionalizado.

Y en ese camino, resulta peregrino decir que una constituyente es un peligro. Una constituyente sí que es el ejercicio real de la democracia. Es la decisión directa del pueblo, que puede enmendar los profundos yerros de la constitución de 1991 que, más allá del gobierno de los jueces, introdujo a éstos en escenarios que politizaron la justicia.



h.hernandez@hernandezypereira.com



*Abogado - Docente Universidad del Sinú – Cartagena

 

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