El diario Portafolio divulgó la semana pasada que el Grupo Aval incursiona con fuerza en la construcción de obras públicas y participa en varias licitaciones importantes.
Ojala más grupos financieros hicieran lo mismo porque uno de los factores necesarios para transformar la construcción de obras públicas, alejándola de su caos, es que ingresen al sector empresas bien capitalizadas, con músculo y respaldo financiero. Las empresas constructoras ganan las licitaciones muchas veces sin poner un peso propio o aportando muy poco y hacen maromas para mostrar los anticipos y desembolsos del Gobierno como capital, para obtener financiación del sistema financiero, apalancada al extremo a medida que el capital realmente aportado por los socios se aproxima a cero.
Esta es una de las razones por las que quiebran las empresas, hacen operaciones financieras indeseables o ilegales, que pueden llevar a los propietarios y a sus ejecutivos a la cárcel o a la ruina, y que demoran la ejecución de las obras, o hacen que no se lleven a cabo como las programaron. La falta de un capital adecuado es un ejemplo clásico de riesgo moral, situación en la cual las condiciones de un negocio, por ejemplo, inducen a los empresarios a tomar acciones perjudiciales o indeseables. En este caso, el empresario constructor toma todo el riesgo que puede porque entre mayor riesgo asuma, mayor es la rentabilidad. Si las cosas salen bien quedan ricos, y si salen mal, otros tienen que soportar las consecuencias, por lo general el Gobierno y el público.
María Mercedes Prado, quien tuvo la gentileza de compartir los resultados y las conclusiones de los análisis que ha realizado, cree que los requisitos financieros de los procesos licitatorios de las concesiones de tercera generación son inadecuados “frente a la dimensión de los proyectos y el nivel de riesgos que asume el concesionario. En las licitaciones recientes se exige acreditar solvencia patrimonial del proponente con un valor mínimo de patrimonio neto. La relación entre el valor mínimo exigido y el presupuesto de obra es del 10 al 15% del valor de la obra. La exigencia de un patrimonio mínimo en estos casos no guarda ninguna relación con la magnitud del riesgo asumido”. En las concesiones de primera generación con mayores fallas en su estructuración, este problema fue más agudo, como la Carretera Santa Marta a Paraguachón, por ejemplo.
El requisito de solvencia patrimonial debería ser del 25 ó 30 por ciento del valor presente del presupuesto de ejecución del proyecto si el riesgo de construcción es moderado. Adicionalmente, las reglas de los procesos licitatorios se deben revisar. Las que operan son laxas y permiten acreditar el requisito de solvencia patrimonial con mucha imaginación. La manera como se acreditan los aportes permite que el capital efectivo sea muy inferior al exigido.
Por estas razones, aún después de hacer consideraciones sobre la inconveniencia de que el capital financiero incursione en otras ramas de actividad, es deseable para el desarrollo de la infraestructura en Colombia que los grupos financieros participen con capital en la construcción de los grandes proyectos nacionales y que no se adjudiquen estos a pequeñas firmas que no pueden responder por los riesgos que asumen, como sucede hasta ahora.
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