La discusión sobre el sistema de pensiones se concentró en el aumento de la edad de jubilación. Para cualquiera es importante saber si debe esperar uno o dos años más para recibir su pensión, pero ni este es el problema más serio del sistema en Colombia, ni la solución a todos sus males.
Aquí lo más grave de las pensiones es que la gran mayoría de las personas mayores de 60 años no tienen pensión, y que la gran mayoría de los menores de 60 tampoco la tendrán. Es el resultado del fracaso del propósito de la Ley 100, de ampliar la cobertura pensional.
Hay 4,7 millones de colombianos de la tercera edad, pero de estos, según la cifras oficiales, solo 1 millón reciben mesadas pensionales. Es decir, más del 75% carecen de un ingreso seguro para sus años finales. Al ver que más de la mitad de los adultos mayores de 60 años están por debajo de la línea de pobreza, tenemos un panorama desolador de vejez condenada a la miseria.
Hacia el futuro la situación solo va tener una mínima mejoría, pues de los 19,5 millones en la fuerza laboral, solo 6,5 millones son cotizantes activos en algún fondo de pensiones o en el Seguro Social, y podrán pensionarse a la edad requerida. Solo se reducirán del 75% al 70% los trabajadores sin pensión. Para todos ellos el tema de la edad de jubilación es irrelevante.
En pensiones, el principal reto de un Estado social de derecho, como dice ser Colombia, es garantizar que sus ancianos tengan los medios para una vida digna. Lo ordena el artículo 46 de la Constitución, pero la realidad nos muestra muy lejos de ese objetivo, mientras otros países en desarrollo avanzaron mucho más. En Brasil el 75% de los adultos mayores tienen cobertura pensional, en Chile el 65% y en Argentina el 55%.
El Ministro de Trabajo diseña un programa para dar un ingreso mínimo a los ancianos sin pensión y un subsidio (los Beneficios Económicos Periódicos, o BEP) a los trabajadores o desempleados que hoy no cotizan para su pensión futura. Son programas indispensables de alivio, pero insuficientes y sobre todo insostenibles.
La crisis europea muestra que ningún Estado, por rico que sea, tiene cómo sostener un sistema pensional sin aportes de los trabajadores. La raíz de la baja cobertura de pensiones en Colombia es la falta de trabajo decente por la informalidad en los contratos de trabajo.
Cuando el 52% de los trabajadores está en la informalidad es imposible aportar a su pensión futura. Además, aún muchos de los que tienen contrato de trabajo con todas las prestaciones sociales se enfrentan a otro problema, la falta de continuidad de los empleos que lleva a que las cotizaciones para pensiones sean intermitentes y no continuas. Por eso es muy común que una persona que ha trabajado desde los 25 años, al llegar a los 60 solo tenga cotizaciones por menos de 1.000 semanas (20 años).
La reforma pensional no puede verse solo como una solución a un problema fiscal que se resuelve aumentado la edad de jubilación. La verdadera solución está en impulsar la formalización laboral y el trabajo decente, y el Estado es el primero que debe dar ejemplo.
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