La vuelta al Estado en 80 decretos

Como toda reforma ambiciosa, la que acaba de hacer el Presidente para recomponer la estructura del Estado la han presentado con el atavío de un nuevo comienzo. La lluvia de decretos leyes que la contienen –80 según los medios de comunicación– recuerda, en parte, la sonada Reforma Administrativa adelantada en 1968 bajo el mandato de Lleras Restrepo. De manera que, como propósito, reconocimientos al Presidente y a su equipo.
Hay neoliberales coléricos con Santos porque, a juicio de ellos, le inyectó somatotropina al Estado para crecerlo en lugar de reducirlo más de lo que está. Y los socialdemócratas, como en el cuento del cabellón Cepeda Samudio, están todos a la espera porque temen que la reforma no sirva para resolver el problema más grave de Colombia: la corrupción.
Para juzgar bien la reforma tendremos que valorar los factores que pueden determinar su éxito o su fracaso. Por ejemplo, la evidencia cien mil veces probada de que la Administración conspira contra el Gobierno, o sea, la confluencia malsana de intereses burocráticos que prevalecen sobre la sinceridad con que los presidentes y sus ministros querrían respetar las tres lealtades propias de su compromiso: a sí mismos, a su tiempo y a su pueblo.
¿Impedirá un lote de normas que un congresista regateé la ponencia de un proyecto que genere recursos a una entidad pública para pasar una factura de cobro personal apenas se apruebe como ley? ¿O que un magistrado de cualquier nivel negocie sus sentencias con la parte que saque la chequera más gorda? ¿O que los carruseles de contratos mantengan su marcha en la Nación, los Departamentos y los municipios? ¿O que el narcotráfico sostenga su ritmo de infiltraciones en todos los poderes? ¿O que otro presidente sordociego como Uribe no vea ni oiga lo que sucede a su alrededor? ¿O que el nuevo servicio de inteligencia caiga en manos de otra candidata al reinado panameño del Asilo?
Allí encalla el propósito gubernamental. Allí no sale la paloma del sombrero del prestidigitador. Allí se oxidan los resortes de la esperanza. Los títulos, capítulos, artículos, incisos y parágrafos se asemejarán a los panfletos hermosos sobre las ideas imposibles. El duelo de interpretaciones no gira en torno de quiénes quieren menos Estado y quiénes más sociedad, sino de la necesidad de dotar a la función pública con servidores que no recorran los caminos de adelante con itinerarios hacia atrás.
En Colombia está bien definida la diferencia entre transformismo y transformación. El primero lo ejercen los políticos votando lo que urja el Ejecutivo, y la segunda la escamotean ellos mismos con la conciencia de que los colombianos somos espectadores de sorpresas que ya no asombran, porque la resignación nacional tornó imposible la queja ciudadana. Peor aún: la queja es un oprobio y la desvergüenza una variedad de protagonismo.
Una reforma del Estado, dentro de una democracia donde la voluntad popular depende del comercio electoral y la función pública es el capital de trabajo para traficar influencias con dividendos pingües, será, siempre, una enorme carrocería de desguace. Si Santos condicionara su relección al éxito de su vuelta al Estado en 80 decretos, el man es Germán.

*Columnista carvibus@yahoo.es