Otra sentencia judicial, la condenatoria del general Alfonso Plazas Vega, despierta gran controversia y, de contera, discusión sobre el derecho ciudadano a disentir en alta voz de las decisiones judiciales, de enrostrar sus posibles errores o torcidos juicios, y, en fin, de emitir opinión independiente sobre ellas.
Con impropia altanería, algunos integrantes de la rama judicial rasgan sus vestiduras y proclaman, al orbe entero, que en esta tierra colombiana se ofende la majestad de la justicia y sus operadores son objeto de escarnio y persecución. El eco en otros sectores, políticos y no políticos, proclama que las decisiones de la justicia merecen respeto, con el implícito mensaje de ser inadmisible la crítica, pues toda crítica es ofensa.
Este barullo, envuelve cinismo pero no verdad. Obedecer las sentencias judiciales es algo muy distante de admitirlas como sabias o veraces. Está fuera de discusión que las sentencias judiciales deben cumplirse, como acontece a diario aun con las tutelas inicuas que son obedecidas no obstante que se tenga de cierto que entrañan una defraudación al erario o a particulares, consentida por la justicia y alimentada en veces por la venalidad o el impulso político de ciertos jueces. Colpuertos, Cajanal y la salud, en general, son muestras inconfutables, tanto que la misma justicia ha tenido que condenar a algunos jueces depredadores del fisco, por causa de tales fallos.
Muy distinto que al cumplirlas tengamos que hacer reverencia a la ciencia e imparcialidad de quienes las emiten. Los mayores y más severos críticos de las decisiones judiciales son los propios miembros de la rama judicial. En especial, si tomamos algunas sentencias de la Corte Constitucional palparemos la acrimonia con que algunos magistrados disidentes califican a los mayoritarios que aprueban una decisión. Recordemos que, según la prensa, algún magistrado de esa Corte increpaba a otro de sus compañeros imputándole que tenía prisa en que se declarara exequible la reelección presidencial para ir presuroso a cobrar la paga que el presidente Uribe debía darle. Empero, nunca hemos conocido protestas de la justicia por la acerbidad de sus propios miembros al censurar las sentencias de los otros.
El trámite de los procesos implica el recurso de apelación y, al sustentarlo y decidirlo, toca a litigantes y magistrados analizar la providencia combatida y, en muchas oportunidades, rebatirla, y no siempre en términos apacibles. Es de la vida de la justicia la crítica de sus pronunciamientos.
Y cualquier profesor de derecho nutre sus enseñanzas con el examen y la crítica de los fallos que pretenden constituirse en regla de derecho, porque muchos de ellos son susceptibles de ser tachados de erróneos y, acaso, como verdaderos disparatorios jurídicos.
Los jueces son humanos y sus congéneres no les tenemos que reconocer infalibilidad. Los jueces son autoridades públicas y, como tales, sus actos están sometidos al examen universal. No es de estirpe democrática una rama del poder que pretenda erigirse por encima de los derechos de opinión y expresión de los gobernados.
Por último, el respeto académico y ciudadano se conquista con probidad, labor seria y diligente. Cortes politiqueras, envueltas en escándalos por dudosas conductas, recogen la cosecha que sembraron sus actos: la pérdida de credibilidad ciudadana.
Y, adelante la crítica porque es democrática.
h.hernandez@hernandezypereira.com
*Abogado y catedrático
Columna
Las críticas a la justicia
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