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Las ferrovías del Estado

Mientras los órganos del poder se respetaron sus terrenos no hubo problemas con la elección del Fiscal General de la Nación.

Entre 1992 y 2009, las ternas y la elección se hicieron facilitas. Bastaba cumplir la Constitución para que el Presidente de la República y la Corte Suprema no se alebrestaran. Ni el Ejecutivo pretendió imponer a un muñeco de jalar, ni la Corte convertir su facultad de nombrar en un palomilleo burocrático.

Por eso no andamos tan cerca de la incómoda situación en que se encuentra la Justicia en países como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela: a discreción del Gobierno. Aquí hay colaboración, a veces no tan armónica entre la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial, pero no sometimiento de ésta a las pretensiones de aquella.

Con el enfrentamiento entre Gobierno y Corte para elegir el sucesor de Mario Iguarán se equivocaron ambos, y las secuelas recalentaron la crisis que agudizaron con su torneo de bravuconadas. Volvimos a la interinidad, y al trastorno de investigaciones que no sabemos si acaben en nuevos episodios de impunidad. Todo pudo evitarse si el Gobierno de entonces hubiera jugado a la comunicación y no a la imposición, y la Corte a una solución que no plantara el tacón sobre su propio reglamento.

Ahora, por fortuna, no se ve un cuadro vívido de intenciones autoritarias en el Gobierno, ni pitilleras paranoicas en la epidermis de los magistrados del Tribunal Supremo. Presidente y jueces están en posición de hallar gracia en las responsabilidades que tienen con el Estado y con la opinión, que son claras y precisas. No hay que tomarlas prestadas de ninguna matriz emocional que avinagre las relaciones institucionales.

La ocasión para elegir el nuevo Fiscal por obra del Consejo de Estado permitiría a los órganos encargados de su postulación y designación actuar como piezas genuinas de una democracia madura, a menos que incurran en el error de sujetar sus obligaciones a la suerte de una reforma que necesita, si la deseamos eficaz, más racionalidad que pulsos de poder o celos de protagonismo.

No es sensato que personalidades como un Presidente y unos magistrados de trayectoria y méritos continúen distanciando sus actos de la prédica que los precede. De los engaños de los dirigentes salen los desengaños del pueblo que los juzga, porque los ciudadanos seguimos activos dentro de un conglomerado en el que se yuxtaponen colectivos varios, y a través de las formas de participación y los medios periodísticos llevamos a cabo plebiscitos cotidianos con pronunciamientos rápidos y efectivos.

Estamos sobreaguando en un régimen político que pierde legitimidad cada vez que lo descarrilan de sus ferrovías las cabezas visibles del Estado. Todas, las de las tres ramas. Y de su retorno a la normalidad, al simple respeto por la ley, depende que lidiemos con tino las dos exigencias más apremiantes del país: la seguridad y la guerra contra la corrupción.

Perdimos todos, sí, porque un solo colombiano quiso manejar la Fiscalía con dedos de titiritero para evitar que ocurriera lo que ocurrió: huéspedes de saco y corbata en las cárceles, prófugos en destinos ignotos y conejas chuzadoras hurtadas por un presidente-tendero con los guantes del asilo político.



*Columnista

carvibus@yahoo.es

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