8,5 billones de pesos es mucha plata. Equivale a 1,3% del PIB, o 33% del déficit fiscal estimado para 2011. Es el dinero que el Gobierno piensa destinar en los próximos 4 años a dotar de agua y alcantarillado a 5 millones de personas. Con ese dinero el Gobierno podría, por ejemplo, otorgar en un solo año 850.000 subsidios de vivienda de $10 millones cada uno.
Muchas cosas podría hacer con esa cantidad de plata, pero no puede porque $8,5 billones es el monto de los impuestos que dejó de recibir el año pasado por las exenciones y deducciones tributarias al impuesto de renta. Es mucho más de lo que podría recibir con una reforma tributaria.
El costo astronómico de algunas de las gabelas tributarias fue revelado por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de mediano plazo (MFMP) que presentó recientemente al Congreso, donde además estima que el costo fiscal de las exenciones al IVA en el 2010 fue de otros $570.000 millones.
Sorprende que no haya habido debate. Salvo pocos titulares de prensa, la noticia pasa casi desapercibida. Sobre todo porque en el análisis de las gabelas tributarias hay muchos aspectos interesantes.
Por ejemplo, que a pesar de que el gobierno de Santos bajó del 40% al 30% la deducción por inversión en activos fijos (un eje del huevito de la “confianza inversionista”), lo que dejó de recibir el Estado en 2010 por este inútil regalo a los más ricos creció 3% con respecto al año anterior, llegando a $3,8 billones. Más absurdo es saber que 40% de esta gabela se la lleva el sector minero, que no necesita esos incentivos para invertir.
Sin embargo, el informe del Ministerio es incompleto y el costo fiscal de las gabelas tributarias es mucho más alto. La Ley 819 de 2003 obliga a estimar el costo fiscal de todas las exenciones, deducciones o descuentos tributarios, y varios no se incluyen en el capítulo 4 del MFMP, como el costo de las zonas de tolerancia fiscal creadas por el gobierno anterior (zonas francas), o lo que deja de recibir el Gobierno por las exenciones al 4 por mil o GMF.
En las nuevas zonas francas, el sofisma para justificar la rebaja del impuesto a la renta del 33% al 15% era que no era un costo fiscal sino un mayor recaudo de impuestos porque se trataba de empresas que no se hubieran creado sin ese incentivo. Abundan los ejemplos de empresas que solo se trasladaron, o de proyectos de inversión ya decididos que se convirtieron en zonas francas uniempresariales. El país debe saber cuánto le cuesta esta gabela.
Para el 4 por mil, el Gobierno nunca informó el costo fiscal de las 19 exenciones, a pesar de que desde el 2004 debió hacerlo. Con eliminar algunas de estas exenciones en diciembre pasado, el recaudo esperado para el 2011 pasó de $3,2 a $4,5 billones: el costo fiscal de las exenciones eliminadas era de $1,3 billones. Falta conocer cuánto valen las exenciones que aún quedan.
Ahora que la sostenibilidad fiscal será principio constitucional, sepamos que las gabelas tributarias son más peligrosas para esa sostenibilidad que financiar los derechos económicos y sociales que garantiza la Constitución.
macabrera99@hotmail.com
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