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Las ternas

Salvo la primera vez que se aplicaron las normas relacionadas con las nominaciones y elecciones en las cuales interviene la Rama Judicial, las demás han sido dechados de politización de los magistrados. Sí, los políticos, como otros colectivos más osados e inmunes a los escrúpulos, infiltran todo. El que legisla exige y, si no se le complace, se venga en la oficina de cobranzas que funciona en el Capitolio Nacional. A lo largo de la última década, la tozudez de los hechos demostró que la infiltración política de los tribunales es evidente.

¿Para qué inventaron, entonces, las entrevistas y los puntajes si los políticos entran y salen de las sedes de los tribunales desde dos meses antes de la elaboración de las ternas a dar nombres y presentar hojas de vida? No es por casualidad que casi siempre terminan ternados los aspirantes que llegan a los tribunales de fuera, porque es muy raro que salgan libremente de los tribunales para las Asambleas y los Concejos. La llamada meritocracia es otra torcedura de cuello que se le inflige a la función pública.

Sin embargo, las visitas de los políticos a los tribunales son tan solo una parte del trajín de los infiltradores. De más arriba llegan órdenes del magistrado del Consejo de Estado o el de la Corte Suprema, oriundos de acá o de acullá, en relación con los apadrinados del senador, representante, diputado o concejal interesados, porque no pueden quedar por fuera de los tercios de manzanillismo parroquial. Da pena admitirlo, pero se dejan utilizar como trompos de poner. La escena es igual en la Guajira y Nariño, en el Chocó y Leticia, en Antioquia y en Cundinamarca.

¡Qué ironía! Fue tan grande la confianza de los constituyentes del 91 en la seriedad de la Rama Judicial, que en su momento justificaron las ternas originadas en los tribunales como la oportunidad de que a las corporaciones públicas se les sometieran nombres de lujo, exentos de compromisos vitandos. Nadie niega hoy la ingenuidad de aquella tesis.

Los políticos existen gracias a las transacciones tras bambalinas. De eso y para eso viven. Las dádivas son, en consecuencia, su moneda y su alimento. Los magistrados deberían tener otros estándares de conducta y otros márgenes de discrecionalidad, de modo que una carga de poder que no tienen por qué compartir, en forma desaconsejada, ofenda la autoridad indispensable para salvaguardar el interés general, esto es, la congruencia entre la legitimidad institucional y el rigor de las decisiones que les conciernen.

Decía Emilio Romero, el gran columnista español, que la Justicia se menoscaba cuando los magistrados se igualan a los políticos en la conciliación de sus devociones con la farsa. Es una melancólica manera de sacrificar, abajando la respetabilidad que se les supone, la independencia de que los dota la Constitución y de enajenar la majestad de una misión conferida para reparar daños, no para causarlos.

Hemos oído por la radio que figuraría en terna un hermano del magistrado Francisco Ricaurte. Nos resistimos a creer ese infundio, pues no nos cabe en la mollera que un funcionario de su rango presione a sus subalternos con ese fin, ni sus subalternos le inferirían, por propia iniciativa, el agravio de exponerlo a una indelicadeza.



*Columnista carvibus@yahoo.es

 

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