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Legitimidad y democracia

En columna publicada en El Espectador, Humberto De la Calle expuso algunas razones que explican por qué en las democracias su fuente de legitimidad ya no reside en la ley y el Parlamento, sino en la capacidad de una organización política para proteger los derechos de sus ciudadanos.

Con rapidez aparecieron los detractores en ese mismo medio de prensa: expresaron que la primacía de los derechos y de los jueces es una especie de “gobierno de sabios” que le da prioridad a los derechos de las minorías sobre la voluntad de la mayoría.

El argumento pierde de vista los riesgos enormes de una democracia que sólo se guíe por el principio de mayoría. Una mayoría política puede aniquilar con sus decisiones a la democracia como forma de gobierno proponiendo la instauración de esquemas dictatoriales: por ejemplo la cooptación del sistema electoral, el cierre del Congreso o la supresión del poder judicial.

Aún cuando esas iniciativas tengan el respaldo de la mayoría de turno, nadie dudaría en calificarlas de antidemocráticas. Por eso, con el fin de que la mayoría circunstancial no expida leyes cambiando en forma abrupta las reglas básicas de la democracia, corresponde a los tribunales constitucionales garantizar la supremacía de la Constitución.

Asimismo, existen razones históricas que explican el auge del control constitucional en el mundo. En buena parte, la justicia constitucional cobró la fuerza que hoy tiene por los atropellos enormes del régimen nazi y sus aliados durante la segunda guerra mundial, quienes amparados en sus sistemas jurídicos invadieron varios países de Europa y asesinaron a millones de judíos. A partir de ese momento la legitimidad de las democracias no está sólo en las leyes definidas por la mayoría, sino en el respeto que las normas jurídicas profesen a los derechos fundamentales de los individuos, incorporados en las constituciones expedidas durante la posguerra.

Además, si bien las democracias modernas acuden al principio de mayoría para tomar decisiones de alta relevancia, tales como elegir a sus representantes en las urnas, ello no quiere decir que los gobiernos elegidos tengan como propósito proteger únicamente los intereses de los vencedores en el debate democrático.

La mayoría es un criterio de decisión que se adopta por la imposibilidad de que en una democracia el colectivo de los ciudadanos alcance acuerdos sobre cuestiones complejas, pero en ningún caso para menoscabar los derechos de las minorías. Se requiere entonces un tribunal constitucional que no participe de la competencia electoral, garante de que la voluntad general expresada en la ley no restrinja los derechos de las minorías, como ocurre en Colombia.

Hace rato que las constituciones dejaron de ser simples enunciados de filosofía política para convertirse en textos consagratorios de derechos concretos, susceptibles de ser exigidos ante los jueces. Lo que trajo consigo que el poder del Parlamento se desplazara a los tribunales, cobrando primacía la actividad judicial sobre la deliberación política. Así las cosas, las democracias occidentales no se cimentan hoy en la decisión de la mayoría parlamentaria expresada en la ley, sino en la prevalencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de cada país.

*Abogado y Filósofo

tiradojorge@hotmail.com

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