Las declaraciones de Obama de que está dispuesto a discutir la política contra las drogas ilícitas en la Cumbre de las Américas -que se celebrará en Cartagena- causó revuelo y sorpresa en el hemisferio occidental, a pesar de que el presidente de EE.UU. matizó de inmediato su apertura al diálogo con un no rotundo a la legalización.
Más allá del efecto alentador que tienen las palabras de Obama para países que sufren los estragos del “prohibicionismo”, vale la pena analizar si sus declaraciones parten del reconocimiento de que la guerra contra las drogas fracasó, o si son una concesión obligada a los Estados que claman por un cambio de enfoque.
La frase puede ser simplemente una manifestación estratégica previa a la Cumbre. Washington sabe que en ella estarán Bolivia, Perú y Colombia, Estados que son los mayores productores de cocaína del mundo, al igual que México y sus vecinos centroamericanos, por los que transita más del 90% de la cocaína consumida en EE.UU.
En la reunión estarán los Estados que más han sufrido el poder corruptor y desestabilizador del narcotráfico, y quienes han puesto el mayor número de muertos en la aplicación de la receta propuesta por Richard Nixon. Por eso, cuando EE.UU. manifiesta su disposición a conversar, su objetivo es: evitar un clima hostil en la reunión e impedir que aliados estratégicos en el continente, como Colombia y México, sean proclives a la conformación de un bloque opositor.
De igual forma, el gobierno de EE.UU. y la mayoría de sus ciudadanos reprueban desde el punto de vista ético los efectos nefastos que la producción, comercialización y consumo de drogas tienen sobre sus jóvenes. Es improbable entonces que la legalización tenga apoyo suficiente en ese país, si sus nacionales reprochan moralmente las consecuencias del tráfico de sustancias ilícitas. Cuando los estadounidenses juzgan como nociva o negativa esa conducta, es porque exigen que sea prohibida en las leyes de su país. El dilema para esos ciudadanos del norte puede ilustrarse con la siguiente pregunta: ¿por qué legalizar una actividad económica que consideran negativa y nefasta?, cuando las prohibiciones penales persiguen precisamente eso: castigar a quienes cometen ciertas conductas reprobadas por la sociedad y desincentivar que otros intenten imitarlas.
La posición de los EE.UU. contrasta con la realidad latinoamericana. Los países productores, y aquellos que sirven de mercados de tránsito hacia tierras consumidoras, han comprobado que la rentabilidad alta que genera el mercado ilegal de drogas es capaz de comprar las armas y conciencias que se requieren para poner la mercancía en su lugar de destino. Para estos países el remedio ha resultado peor que la enfermedad: la prohibición absoluta, que debería conducir a la desaparición de la actividad ilícita, ha fortalecido los poderes armados que defienden las hectáreas sembradas y el tráfico ilegal a los países receptores.
Por lo pronto EE.UU. y Latinoamérica están en orillas distintas. Mientras que en EE.UU. es más importante mantener una prohibición para ser consecuentes con su código de ética, en Latinoamérica se propende por una legalización que deje sin combustible un negocio cuyos efectos han puesto en jaque a varias democracias.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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