Si existe un tema sobre el que el gremio ganadero ha reflexionado con reposo y mesura, es sobre la tierra. Contrario a lo dicho por León Valencia, hemos manifestado la urgencia de reordenar el territorio productivo en el campo. Pero reconocemos que es un tema álgido, que puede generar debates irracionales cargados de “ideologismos”, en lugar de precisar la visión del país sobre el desarrollo rural y sus posibilidades inmensas.
Sabemos del conflicto por el uso del suelo en el campo, fundado sobre el desplazamiento de la ganadería desde sus zonas de vocación natural hacia tierras agrícolas y de ambas actividades –ganadería y agricultura– hacia áreas poco aptas. Pero éstas no han sido las únicas responsables. La expansión de los cultivos ilícitos hacia zonas agropecuarias, parques naturales y regiones selváticas y el avance de las actividades mineras han contribuido, invadiendo cultivos y praderas, dañando ecosistemas frágiles y talando la selva.
Pero este reacomodo espontáneo de la producción rural lo produjeron las fuerzas que presionaron y presionan las estructuras productivas: para empezar, el fracaso de reformas agrarias por entregar tierras sin el acompañamiento institucional, sin una guía de producción, sin una oferta de bienes y servicios públicos básicos, y sin una política de democratización del crédito, asistencia técnica y garantías de inserción en los mercados, en las que tanto hemos insistido. Sólo se conformaron minifundios de insubsistencia, improductivos e inviables social, financiera y económicamente.
Desde 2006, en nuestro plan de desarrollo, PEGA 2019, dijimos abiertamente que la ganadería no puede continuar en 40 millones de hectáreas, cuando lo puede hacer en 20 millones, incluso doblando el hato. Hablamos de la urgencia de instaurar una ganadería intensiva y de dar paso a una agricultura moderna, capaces ambas de producir biocombustibles y mejorar la oferta agrícola, y la seguridad alimentaria y ambiental. Es la reconversión productiva y el buen uso de los suelos. Pero también implica nuevos recursos para crédito y mucha más inversión en infraestructura e institucionalidad pública en el campo. ¿Contamos con eso? ¿Está el país dispuesto a repensar el sector rural y generar inversión pública y privada para una verdadera reconversión productiva, que elimine el conflicto por la tierra?
Contrario a estas urgencias, meollo de la Colombia del siglo XXI para saldar la crisis agroalimentaria de que habla la FAO, agobia la parálisis propositiva que no pasa del discurso demagógico de la reforma agraria, aderezado con la peregrina invitación a elevar los impuestos sobre la propiedad y la producción rural, de por sí onerosas.
Agregue las acusaciones temerarias que, como las de León Valencia, desconocen los esfuerzos de modernización que emprendimos con recursos privados y el apoyo del Banco Mundial, para establecer una ganadería sostenible.
Aun así, me pregunto: ¿cuál es el concepto de desarrollo rural al que se apuesta, que no termina de poner sobre la mesa todas las piezas y que más parecen avanzar otra vez, como lo fue en los 60, a generar un debate anacrónico y funesto, para que la tierra, convertida en bandera política, no sea una variable productiva para generar riqueza y bienestar en el campo colombiano? Ni la tierra y ni quienes vivimos honestamente de ella tenemos por qué estar condenados a repetir los errores de la historia.
*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.
@jflafaurie
jflafaurie@yahoo.com
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