Este fue un año luchado defendiéndome de los abusos que el Estado y sus funcionarios, cometen contra los ciudadanos, en su gran mayoría inermes ante tamaño poder. Algunos entienden que los abusos no son sino una forma *descarada” de pedir sobornos (extorsión) y resuelven sus asuntos pagándolos. Habrá otros –no lo sé, en la era digital es difícil: se reduce la discrecionalidad- que tienen influencias (amigos o agradecidos) y resuelven sus problemas con el Estado, tramitándolos con los burócratas de oficio.
Pero también hay rebeldes e idealistas, que creen que el sentido de lo justo prima; se enfrascan en luchas (papelito va, papelito viene, decía el ex ministro de justicia Fernando Londoño) en las que cada vez que se presenta un argumento, se le cierran más, las puertas a una solución, porque la lógica ofende al incompetente, y a veces, hasta a las mismas leyes. Tres casos.
IGAC. El sucrito es uno de los miles de propietarios de bienes inmuebles en Cartagena que resultó afectado con los abusivos incrementos del impuesto predial. La tasa impositiva pasó por cuenta de la sobretasa ambiental, del 6.5 al 8.0 por mil del avalúo catastral, y este se incrementó en algunos casos en más del 100%. Hay unos en que el avalúo catastral supera el valor comercial y las escrituras de enajenación se hacen por encima del valor transado. ¡Insólito!
Los avaluadores deberían conocer que un parámetro objetivo de fijación del precio de un inmueble, (el catastral es el 60% de este en Cartagena) lo ofrece el mercado inmobiliario; y cuando ésta información esté disponible, debería primar sobre el “concepto subjetivo” que se deriva de una inspección ocular. Este poderoso argumento ha sido ignorado en una reclamación que lleva ya casi el año. Y descubrí, que si no se le hace seguimiento, no le responden; y que la resolución, parece que la redactaran cuando el ciudadano se encuentra en la ventanilla: dos horas de espera.
GOBERNACIÓN. El impuesto que pagan los automotores (si es para el mantenimiento de vías, sería mejor pagarlo en los peajes) tiene un aspecto “abusivo” aunque legal. El retraso en el pago –sin importar el tiempo de mora- lo sancionan con un cargo adicional igual al valor del impuesto: es decir si paga al día siguiente de la fecha límite, tiene que pagar el doble.
Y lo peor, no aplican la norma que ordena la prescripción de deudas no cobradas jurídicamente después del quinto año. Esa pelea duró, en mi caso, un año y más de 10 papelitos con respuestas irracionales. Finalmente cuando eliminaron el cobro del sexto año, hecho que no me notificaron (porque ellos no responden derechos de petición cuando son positivos –son muchos me dijo al teléfono un alto funcionario), ya habían cargado la sanción y los intereses del último año, ignorando la fecha en que se elevó el derecho de petición.
El DATT. Las anomalías en esta entidad, son tantas, que no se pueden presentar en este espacio, pero descubrí recién, que la entidad y el RUNT, el instrumento que la sistematiza, han Ignorado durante dos años, una Resolución que posibilita, siempre y cuando exista un contrato legal de compraventa, el traspaso de la propiedad de un vehículo sin la exigencia de requisitos a la parte que se niegue a finiquitar el tramite.
*Ing. Electrónico, MBA, pensionado Electricaribe
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