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Ley antimonopolios

En una rara muestra de convergencia política, 20 senadores de todos los partidos se unieron para presentar un proyecto de ley contra los monopolios en la telefonía móvil.

Después de los debates promovidos por los senadores Robledo y Laserna, para que haya competencia en el espectro electromagnético se unió todo el espectro ideológico: desde el Polo hasta el partido Conservador, pasando por el Liberal, la U y los verdes.

El proyecto busca evitar que cualquier empresa domine las telecomunicaciones y para eso fija un tope del 30% en la participación de mercado, medida sobre el total de la facturación en los servicios de telefonía móvil de voz, datos, contenidos y aplicaciones.

Si una empresa tiene más de ese 30% venderá parte de su mercado o se dividirá, como lo tuvo que hacer la poderosa ATT en los Estados Unidos a comienzos de los años ochenta. En Colombia el afectado sería Claro, con más de 60% del mercado, y los beneficiados todos los consumidores del país.

El objetivo del proyecto es mejorar el bienestar de los consumidores mediante una mayor competencia que promueva la innovación y la inversión en tecnología; con más participantes se debe poder asignar más eficiente y equitativamente el espectro electromagnético.

Aunque hay quienes acusan al proyecto de atentar contra la iniciativa privada y la libertad del mercado, estos sí son derechos que garantiza la Constitución, pero no de manera absoluta sino “dentro de los límites del bien común”, como dice en el artículo 333. A renglón seguido el mismo artículo establece que “El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

Tampoco se puede quejar la multinacional Claro de trato discriminatorio. En otros sectores ya hay límites cuantitativos, inclusive más estrictos, para evitar la posición dominante. En el sector eléctrico, ningún generador puede tener más del 25% de la capacidad de generación nacional, y en el sector financiero, la Superintendencia puede impedir que una entidad tenga más del 25% del mercado. En Estados Unidos la legislación es aún más restrictiva y ningún banco puede tener más del 10% de los depósitos bancarios.

En la Cámara de Representantes, Simón Gaviria presentó otro proyecto de ley que obliga a las empresas de telefonía móvil a compartir sus redes e infraestructura, con lo cual se debe aumentar la oferta a los consumidores. Sus objetivos son similares a los del proyecto antimonopolios, pero sería un error que se vieran como proyectos para escoger entre uno u otro. Deben tratarse como complementarios, pues el control a la posición dominante se refuerza al compartir la infraestructura, con mayores beneficios para los usuarios.

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SUGERENCIA TECNOLÓGICA. El mayor abuso con los usuarios de celulares es la continua caída de las llamadas. Cada vez es peor y no hay forma de quejarse porque es imposible demostrar cuántas veces se ha perdido la señal. Se necesita una aplicación para teléfonos (App) que registre y cuente todas las veces que se cae una llamada, y que este registro pueda usarse como prueba para reclamar y pedir descuentos en la factura por mal servicio. Si alguien la desarrolla, se vendería como pan caliente.

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