La Ley de protección a las víctimas fue finalmente aprobada en el Congreso una vez superado el falso dilema de si hay o no un conflicto interno en Colombia. Tácitamente se actuó a tono con los convenios de Ginebra y con el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Enhorabuena para las víctimas de la violencia en todo el país, ahora podrán resarcirse de tanta infamia y volver a sus lugares de nacimiento y trabajo. La ley de víctimas es un triunfo de la voluntad del Gobierno y de sus promotores.
De la misma manera que reconocemos ese hecho positivo, también debemos glosar el Proyecto de Ley de la Sostenibilidad Fiscal que se discute en el Congreso, que modifica el Artículo 334 de la Constitución Política.
Es menester volver a los antecedentes históricos de la Constitución de 1991, que es la del Estado Social de Derecho, la garante de los derechos fundamentales, que nació de la Asamblea Constituyente del 1991. Esa norma rescató para los colombianos los derechos fundamentales, los cuales no aparecían en la anacrónica constitución de 1886. En la nueva carta uno de esos derechos es de la vida y por ende el Derecho a la Salud que el Estado tiene la obligación de proteger. Así mismo en la nueva Constitución del 91 la Tutela es el mecanismo principal de protección de una justicia cumplida para los colombianos.
La nueva Constitución encontró escollos para su debida aplicación en un país inmerso en una estructura económica neoliberal, razón por la cual ocurren confrontaciones absurdas pero evidentes. Por encima de la Constitución de una nación no deben existir poderes omnímodos, trátese de los financieros, económicos o del extranjero. Es verdaderamente paradójico que ciertos poderes fácticos pretendan hacer prevalecer ciertos intereses sobre las normas constitucionales.
Ahora para más veras se impulsa el Proyecto de Sostenibilidad Fiscal que va en contravía de los derechos fundamentales. Ese esperpento de carácter neoliberal dejaría sin función las normas de la Constitución del Estado Social de Derecho para convertirlo como muy bien señaló el parlamentario Germán Navas Talero en un "Estado Económico de Derecho," lo que en buen romance significa la prevalencia del mercado y de sus beneficiarios. La sostenibilidad fiscal dejaría sin fuerza los reclamos de los ciudadanos que mediante tutelas logran que los tribunales y jueces dinamicen los mismos ante los organismos que de manera paquidérmica no los protegen.
Resultaría más beneficioso, en el nuevo clima democrático recuperado después del 7 de agosto de 2010, que el Gobierno y los Ministros de Hacienda y Protección no se distraigan impulsando medidas que indirectamente favorecerían a los actores del desastre y la corrupción que padece el país, en varios sectores, incluyendo el de la Salud.
En este último caso más bien deberían acelerar medidas para eliminar las canonjías de que gozan, por ejemplo, las ARS y EPS, que succionaron billones de pesos en detrimento de la salud de los colombianos.
Por último la sostenibilidad fiscal repercutiría en la Ley de protección de las víctimas. No se debe, aún cuando se puede, borrar con el codo lo que se hizo con la mano.
*Médico Cardiólogo. Ex Director de El Universal. Académico de Número de la Academia Nacional de Medicina, de la de Cartagena y de la de Historia.
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