Desconcierta el poco respeto y aprecio que el común de los latinoamericanos tiene por las autoridades civiles que los gobiernan, y por las leyes que rigen su comportamiento. Cuando el contenido de una ley o medida gubernamental afecta sus intereses, suelen encontrar con rapidez la disculpa perfecta para incumplirla, buscando siempre sobreponer sus creencias y consideraciones personales al contenido de la norma o decisión.
Con frecuencia consideran que los motivos de la transgresión justifican su conducta, y que por ello, aunque ésta sea contraria a la ley, deben permanecer exentos de castigo. El transgresor o victimario cree siempre haber desplegado su conducta ilegal en una situación excepcional, difusa y nebulosa: ello le hace pensar que (en su caso) la sanción prevista en la ley no debe aplicarse, o que al menos, debe tornarse más benévola.
El razonamiento es curioso, por cuanto parte de la premisa de que las normas no son vinculantes cuando quiera que se configuren ciertas circunstancias “especialísimas” que autorizan su quebrantamiento. Es común que se tenga la excusa “perfecta” para adelantarse en la fila o cruzarse el semáforo en rojo, porque nuestro afán es siempre superior al de los demás.
La concepción de justicia de cada individuo parece imponerse frente a la ley, lo que hace que los ciudadanos se sientan habilitados para cuestionar permanentemente las normas jurídicas, y crean tener licencia para desobedecerlas y rebelarse contra ellas. En su mayoría, los latinoamericanos creen que cada uno de ellos es quien mejor conoce lo que es justo y lo que no lo es, lo cual viene dictaminado a partir de su criterio personalista y subjetivo.
Los latinoamericanos creen que hacen lo correcto si guían sus actuaciones con su código de conducta y su propia jerarquía de valores, con independencia de lo prescrito en la ley. Pero ocurre que ese divorcio entre “justicia” y legalidad, esa distancia entre la conducta ciudadana y lo prescrito en la ley, es la negación del estado de derecho. Éste sólo existe cuando un tercero neutral (el juez), ajeno a los intereses de las partes en conflicto, determina de acuerdo con un criterio externo (la ley) lo que le pertenece a cada quien.
El que cada individuo considere que puede actuar según le indique su propia conciencia (ignorando los dictados de la ley) tiene además un efecto social nefasto: la comunidad cada vez se vuelve más permisiva con las conductas ilegales, y tolerante con las personas que evaden la norma. Poco sirve la decisión de un juez que castiga a quien delinque si esa persona cuenta con el beneplácito de sus pares y la complacencia de su círculo social.
Sería loable que los colombianos nos propusiéramos disminuir en forma ostensible las conductas contrarias a la ley, acogiendo con respeto y orden las decisiones de nuestros gobernantes y jueces. Porque las conductas ilegales y la falta de civismo que todavía nos caracterizan, siguen siendo un mal que propicia el subdesarrollo del país.
Reconforta que el Presidente de la República y el Ministro del Interior y de Justicia expresen, en sus intervenciones públicas, un respeto irrestricto por los fallos judiciales y los jueces que los dictan, lo que contribuirá a la primacía de la ley sobre los intereses privados.
*Abogado y Filósofo
tiradojorge@hotmail.com
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