Los ocultamientos de Incoder

Uno de los actos populistas de la llamada Cumbre de Presidentes americanos fue la entrega de titulaciones colectivas de tierra a favor de las Comunidades Negras de La Boquilla y Palenque, cumplida por los presidentes Santos y Obama.
En la versión que el periódico El Universal entregó a sus lectores el pasado 16 de abril, el líder boquillero Benjamín Luna explica “Veníamos luchando por este proceso hace muchos años, al igual que Palenque, pero creo que la presencia de Obama, quien es afro, aceleró la gestión y hoy es una realidad la titulación colectiva”.
Y añade la noticia que el presidente Obama habría dicho: “La entrega del título de estas tierras a ustedes y a tantas comunidades afrocolombianas es un paso más hacia el final del largo conflicto que ha vivido este país, los hace –como nuevos propietarios– partícipes de la nueva Colombia”.
Pues bien: un abogado se acercó a las oficinas del INCODER en Bogotá con la finalidad de conocer el expediente de la titulación colectiva de La Boquilla y le fue denegado el examen, al igual que cualquier información al respecto. Le exigieron que presentara un poder de algún interesado y así lo hizo, pero la respuesta fue un nuevo rechazo a su solicitud de examen de la documentación. Le suman entonces el requisito de demostrar un interés legítimo y el abogado alega su calidad de apoderado de alguien que se ha hecho presente en el proceso por ser dueño de tierras en zonas aledañas. Tampoco consigue que le permitan el ejercicio de su derecho constitucional y legal.
Esta conducta parece muy en contradicción con la publicidad diaria de las “cuentas claras para un buen gobierno” con que nos aturde el presidente Santos a quienes queremos ejercer el derecho de recibir información y observamos noticieros por televisión.
El incidente narrado obliga a formular en forma pública algunas preguntas: ¿cuál es la transparencia de este gobierno si niega el acceso a documentación que debe estar al alcance de todos, pues la titulación de tierras no es asunto privado ni secreto ni de incumbencia de algunos pocos?
¿Será, por ventura, que al presidente Obama se le invitó a consumar una farsa sin que existieran decisiones que permitieran expedir titulaciones colectivas a la comunidad negra de La Boquilla?
O, peor aún, ¿el ciudadano extranjero Barack Obama tiene derecho a conocer documentos oficiales relativos a la propiedad de tierras cuya exhibición es prohibida a nacionales colombianos?
Sin necesidad de esperar respuesta, por lo narrado, cuya veracidad tengo comprobada, se puede anticipar que algo anda mal en INCODER. Me temo que se haya montado un falso positivo, como la inofensiva costumbre académica de entregar en sesiones solemnes títulos de estudios sin refrendación alguna por la respectiva autoridad, diplomas que al cerrar la ceremonia hay que devolver para que las posteriores firmas y sellos necesarios los conviertan en documentos serios y válidos.
El asunto es de mucha monta y no puede tomarse a juegos. La ley determina que toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas, a menos que la misma ley les haya impuesto la condición de reservados. Entonces es válido interrogar: ¿qué esconde INCODER?

h.hernandez@hernandezypereira.com