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Los presos distinguidos

Siendo las 14 horas y 33 minutos de la tarde, del martes 5 de abril de 2011, leo en El Universal, primera página, edición digital, el siguiente titular: “Ejército no permite ingreso del Inpec a sus cárceles: Mininterior”.

Y en el desarrollo del titular citado y por información del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, de cuyo despacho depende el instituto carcelario desobedecido por los castrenses, se anota: “a los funcionarios del Inpec que intentaron ingresar a las instalaciones de la prisión militar de Tolemaida a realizar una inspección no se les permitió hacer su trabajo, siendo el propio director del Inpec, general Rodolfo Ricaurte, a quien se le prohibió el cumplimiento de sus funciones de vigilancia e inspección”.

Y se alarga la noticia con la reclamación del Mininterior al Ejercito, para que les  “permita entrar a las guarniciones militares”, por cuanto es al Inpec a quien corresponde “la inspección y vigilancia” de los centros carcelarios allí establecidos.

Que todo un ministro del Interior, del Derecho y la Justicia, tenga que pedir, clamar, rogar, impetrar, para que le permitan hacer lo que tiene por ley que hacer a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, es sintomático de la desinstitucionalización que ocurre en el sistema carcelario de Colombia. Y, del sobrepeso que tienen algunas instituciones en el organigrama público de la Nación.

Si a un ministro del talante de Vargas Lleras se lo pasa el Ejército por la galleta, al igual que el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, no queda sino concluir que la institucionalidad colombiana es algo gaseoso; un desequilibrante pulso de poderes en el que se sacrifica sin miramientos la justicia, la equidad, la independencia, la gobernanza y la legitimidad del Estado como expresión del equilibrio de poderes, políticas y funciones que deben prevalecer en él.

Y si los crímenes cometidos por los convictos de alta categoría son similares o más execrables que los cometidos por sus pares de baja categoría, resulta aberrante y discriminatorio que unos paguen sus condenas en antros de hacinamiento y degradación y otros en cabañas, chalets y fincas urbanas con dotación de primera, reciban salarios, primas, vacaciones y cuanto incentivo les procura su condición de presos distinguidos en goce de poder excepcional y fuero especial.

En tanto Vargas Lleras, su propuesta de traslado y su Inpec se quedan con el rabo entre las piernas, ni el ministro de Defensa ni el comandante del Ejército aceptan que sus presos salgan de sus guarniciones, resort las llama Semana, y los manden para Guaduas, más que por “provocación”, como “solución para descongestionar las brigadas”.

Independiente de si los penados son militares, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, secuestradores, violadores, contratistas, asaltantes de bancos, políticos, entre otros, ¿por qué no volver a Gorgona para nivelar privilegios y tener a todos con las mismas comodidades?

*Poeta

elversionista@yahoo.es

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