Si ya están identificados los “robatierras”, si se sabe por parte del Gobierno, Fiscalía, Procuraduría y Ministerio de Agricultura, entre otros organismos relacionados con el tema, la extensión robada, su localización y sus entredichos “propietarios”, es apenas pertinente que el Estado proceda de manera inmediata a restituirle a sus legítimos dueños las tierras usurpadas.
Del mismo modo, debe la Justicia proceder a hacer efectivas las sanciones y condenas a aquellos funcionarios de todos los niveles que desde el Incoder, oficinas de registro público y notarías, facilitaron y cohonestaron el despojo, la violencia y el desplazamiento de cientos de compatriotas para adjudicarles sus tierras a los paramilitares que en distintas regiones de Colombia montaron esa empresa criminal.
Sin dilación ni transacción de ninguna clase uno y otra, Estado y Justicia, están investidos del poder de las leyes y los códigos para proceder de forma inmediata y no permitir que cuanto está ocurriendo con el robo de tierras a propietarios que fueron desplazados y obligados a “vender”, “traspasar” o simplemente asesinados para despojarlos de su propiedad, no pase de ser otra farsa como la de las desmovilizaciones que hoy avergüenzan la nación y ponen en tela de juicio la gobernabilidad y la institucionalidad proclamada con altisonancia por quienes entonces la encarnaban.
A lo mejor con su proceder estaban construyendo lo que ahora uno de aquellos viene a definir como “la versión histórica” de la desmovilización, que no fue más la tal versión histórica que la “refundación de la patria” desde Ralito y el blanqueo de poderosos narcotraficantes y sus escuadrones de sicarios, testaferros y voceros con credenciales, ministerios y altos cargos en el Gobierno para cumplir su encargo refundador.
De tal magnitud es el crimen del despojo, y la imposibilidad de dejarlo pasar desapercibido, perpetrado por los paramilitares y sus aliados, que periódicos como El Tiempo, para aludir al tema, titulan y editorializan como lo hacía Voz Proletaria o el más radical de cuantos de aquellos se les permitía circular en tiempos de oprobiosa censura y peligrosa disidencia: El cartel robatierras, El Tiempo, Editorial, lunes 7 de marzo de 2011.
No menos perentorio y plurisignificativo, es el titular de primera página del viernes 4 de marzo: Robo de 150.000 hectáreas con ayuda de funcionarios.
Y si lo editorializa, titula y enfatiza El Tiempo, es porque algo sumamente grave hay en el fondo y en la forma de ese caso. Y porque quiere que el Presidente Santos lo asuma de manera enfática y con el compromiso ineludible de procurar la solución que demanda y clama la sociedad colombiana en vías de que se le repare del daño moral, social, económico y humano causado con tan inicuo proceder.
En tanto en Córdoba, Sucre, Bajo Cauca, Golfo de Morrosquillo, Golfo de Urabá, la “Operación Troya” aún no vislumbra en el horizonte resultados concordantes con la magnitud y recursos desplegados, bien vendría extenderla a la recuperación y restitución de las tierras robadas por los paramilitares.
*Poeta
elversionista@yahoo.es
Comentarios ()