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Marea alta en el Congreso

Nunca imaginó el profesor Remo Civetta que descubrir unas especies náufragas encontradas por él a principios de la década del 60, por los bajos de Salmedina, desencadenarían las bases que más tarde servirían para investigar y explorar el lugar del hundimiento del galeón San José.

Tampoco  sospechó que con estos hallazgos, construía el cuadrilátero para una épica batalla de gladiadores (léase cazatesoros), que asalto tras asalto han venido librando con el gobierno de turno, para que legisle en torno al patrimonio cultural sumergido. Hasta hoy, mucha agua pasó bajo el puente. Cuatro proyectos de ley de diferentes gobiernos, cual galeones perseguidos por piratas, naufragaron en las aguas procelosas del Congreso.

Todos los presidentes de Colombia aportaron al asunto. Lleras Restrepo, dictó la Resolución 34 de 1962, autorizando a la Fiscalía del Tribunal Superior de Cartagena abrir un proceso para declarar propiedad de la nación unos bajeles descubiertos a raíz del hallazgo del colombo-argentino Civetta. Belisario Betancur, cuando empezó la puja internacional por los rescates, firmó la Ley 26 de 1986,  autorizando contratos administrativos de recuperación de valores náufragos. Virgilio Barco nunca creyó en ellos, y calificó a los cazatesoros, de “nido de pirañas”. Y Álvaro Uribe, por medio del decreto 2516, declaró de Estado el caso de los galeones.

Juan Manuel Santos promueve a través del Ministerio de Cultura  un nuevo  proyecto de ley que cursa segundo debate en la Cámara de Representantes. Se reglamentarán por medio de él, los artículos 60, 70 y 72 de la Constitución Política que tratan del patrimonio cultural sumergido.

Inicialmente el artículo 13 del  proyecto, la “Remuneración del Contratista”, contempló rangos de retribución para los buscadores de tesoros desde el 10 hasta el 25%. En el primer debate fueron eliminados de un tajo, aprobándose el 50%, con la justificación de que se señalaba ese valor porque “en las legislaciones de varios países como Uruguay y Portugal” se establece esta posibilidad. El proyecto ha motivado que expertos arqueólogos internacionales, varias Ong, y la academia, pongan el grito en el cielo. Ellos consideran que la ley fomentaría la “guaquería especializada”, y la mercantilización definitiva del patrimonio colombiano.

La modificación en primer debate debe tener brincando en una sola pata al norteamericano Burt Webber y sus inversionistas. Hace varios años, este “pirata” del siglo XXI, como los detractores llaman a estos cazatesoros, viene haciendo lobby en Colombia, buscando que el 50% sea una realidad legal. Desde 1983 mostró su interés en rescatar el galeón San Roque, sumergido cerca de San Andrés y Providencia, tesoro que según sus cálculos, valdría 400 millones de dólares.

Colombia es uno de los países del mundo que más naufragios tiene en sus aguas territoriales, los  que ascienden a más de 1.100. Sólo en el fondo de la Bahía de Cartagena reposan 120 naves. Con este inventario y una calculadora en la mano, nos imaginamos las presiones que debe haber para que se produzca la tan anhelada ley, y la balanza se incline hacia estos nuevos aventureros del mar que persiguen los rescates con el mismo ahínco conque los conquistadores buscaron el oro en América, aunque con medios más sofisticados para hallarlo.



jorgedavilapestana@hotmail.com

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