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Más que una crisis política

En la desventurada empresa de la reforma judicial sucedieron hechos de mucha gravedad:

el gobierno miente y quiere engañar a la opinión para esconder su gran responsabilidad, los partidos políticos que se reparten el gobierno nacional se evaporan para eludir explicaciones por la abrumadora participación de su militancia en la aprobación de las vergonzosas normas, los presidentes del Congreso ensayan ridículas justificaciones de sus conductas, los congresistas creen que con la reversa todo se remedia y los altos magistrados que propiciaron la reforma impelidos por el impúdico afán de perpetuarse en los cargos se quedaron silentes como si hubiesen sido ajenos al adefesio cocinado en común.

Los autores de la ofensa se resisten a reconocer su pecado y a pedir perdón al pueblo.

Esas conductas ahondan la brecha entre el aparato político y la nación. El poder público, en todas sus ramas, colaboró armónicamente en contra de los valores éticos mínimos de la comunidad. Se tomó la organización del Estado como botín para distribuirla a fin de que todos quedaran contentos, sin que el pueblo importara un comino. Por eso, la opinión produjo un rápido primer castigo: todas las ramas del poder público obtuvieron una calificación desfavorable de más del cincuenta por ciento. Qué lástima de una Colombia en que un setenta por ciento de sus habitantes manifiesta desconfianza de su justicia.

El presidente Santos no acierta en su afán de enlodar a los demás y salvarse él. No le importa entrar en contradicción con su exministro de Justicia que alegaba haber sido engañado y desconocer lo aprobado. Sólo le interesa, a cualquier medio, encontrar cómo recomponer su imagen y mejorar la favorabilidad en las encuestas.

Pero lo claro es que la coalición gobernante obró como sincronizada máquina para producir situaciones consentidas por el Gobierno y que luego se deshicieron ante la magnitud no calculada de la indignación ciudadana. Los ladrones devolvieron lo hurtado ante la amenaza del linchamiento popular.

La deslegitimación de Gobierno, Congreso, Justicia y partidos políticos ante la opinión es patente. No es una crisis por divergencia entre partidos ni por falta de apoyo de los estamentos políticos a un gobierno. Es algo peor: se registra una deslegitimación espontánea de la ciudadanía por falta de ética en el régimen.

Porque la causa fundamental de la crisis es la probada falta de ética pública en todas las ramas del poder. Colombia enfrenta una situación demasiada peligrosa. El poder público entero, hoy, tiene origen constitucional y legal pero perdió legitimidad ante el pueblo. No representa los intereses de la nación.

En otras latitudes, donde es exigencia que los valores morales acompañen los actos de la cúpula de las ramas del poder público, la resignación de sus miembros sería un imperativo. Pero eso requiere una conciencia moral sensible y un acendrado sentido de responsabilidad y respeto para con el pueblo, elementos que parecen ajenos a la ética del santismo y sus asociados.

Me atrevo a pensar que Álvaro Gómez Hurtado habría repetido su receta: Santos y sus conmilitones de todas las ramas del poder público deben irse, pero no hay quien los haga ir.

¡Qué frágil e indefensa es nuestra democracia!



Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena



h.hernandez@hernandezypereira.com

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Comentarios

... tan solo es un embeleco

... tan solo es un embeleco de democracia.

si en Colombia existiera la

si en Colombia existiera la justicia, no serían tan injustos en los fallos judiciales amañados.