Hace ocho días en me referí a la convocatoria del Estado de California para que el pueblo aprobara, eventualmente, el consumo, tráfico y producción de la marihuana en su territorio. Apunté que el presidente Santos, en algunas de sus intervenciones, mostró perplejidad ante tal ocurrencia, mientras en Colombia se seguía prohibiendo y penalizando tales actividades, con rigor. Me permití decir, también, que ello podría significar que en EE. UU. no había una política de Estado, sino de “Estados”, bajo el supuesto de que los entes federados que integraban la Unión, gozaban de autonomía para convocar dicha clase de consultas e incorporarlas a su legislación. Esta aseveración le sirvió de fundamento a uno de los lectores de mi columna, señor Germán Escano, M.D., para que me aclarara a través del correo electrónico, que el US Justice Department fijó su posición adversa a dicho plebiscito y que el procurador, Mr. Eric Holder, a su vez, había hecho una declaración en el sentido de que de llegarse a aprobar la Proposición No 19 (contentiva de la propuesta plebiscitaria), seguiría prohibido el consumo y el trafico de la marihuana en California. En Colombia no trascendió la posición del US Justice Department, pues de haberla conocido -ese es mi caso-, hubiera hecho la salvedad correspondiente; circunstancia que explicaría que el presidente Santos, incluso, no hubiera hecho referencia a ella. Con todo, es inevitable preguntar por qué, a pesar de que la ley federal antidrogas en EE.UU no hace excepciones (como para justificar que uno de sus estados federados pueda adoptar sus propias políticas en esa materia), el Estado de California haya convocado, sin embargo, dicho plebiscito para legalizar, si fuere aprobada la Proposición 19, la producción, el tráfico y consumo de marihuana, en su territorio. Al corresponsal ocasional, doctor Encano, le expresamos nuestras dudas de que el US Justice Department confronte, por ejemplo, al Estado de California, “descertificándolo” por violación flagrante de la ley federal antidrogas, como había procedido con países latinoamericanos en el pasado, incluso por motivos no imputables ni a sus gobernantes ni a su pueblo, como sí sería el caso de California, de llegarse a aprobar el mencionado plebiscito. Ante el eventual pronunciamiento popular en California, la Proposición 19 y, mirando más allá de su pertinencia legal propiamente dicha, habría razones para pensar que la trascendental decisión abriría espacios a otras soluciones, distintas a la represión contra los consumidores, traficantes y productores, y, en esa misma dirección, podrían tener mayor eco los puntos de vista de prestigiosos analistas de EE.UU e Inglaterra, entre otros, que han propuesto la vía de la legalización como la única que, bajo la lupa del pragmatismo, podría acabar con el negocio del narcotráfico que ha extendido su poder corruptor y destructor en todos los países del mundo. Que sirva el plebiscito de California para reabrir el debate en el nuestro. Pensemos en que, por contera, la paz puede llegarnos si el narcotráfico deja de ser un negocio rentable y la principal fuente de financiación de la subversión. *Ex congresista, ex ministro, ex embajador. edmundolopezg@hotmail.com
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