Interrumpo la publicación de la serie de artículos Tiempo de cosechar la paz, para referirme a la decisión de la Comisión Primera de la cámara de Representantes de negar la propuesta del Gobierno de ampliar el término la prescripción de las faltas disciplinarias y los delitos contra la administración pública a diez años. La propuesta era defensable –y sigue siéndolo– porque con ella se persuadía a los potenciales trasgresores para que no incurrieran en tal clase de conductas, hasta ahora amparadas por términos cortos de prescripción de la acción disciplinaria y penal.
Más aún, durante la campaña presidencial, el doctor Juan Manuel Santos habló de la conveniencia de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el erario, como una forma eficaz de combatir la corrupción. Celebramos, oportunamente, la enunciación de esa propuesta, y en nuestros comentarios llegamos a proponer una adición que consideramos pertinente: elevar a la categoría de delitos de lesa humanidad aquellos que se cometieran por los funcionarios públicos contra los programas de salud que se adoptaran por entes del Estado, nacionales, departamentales y municipales.
Sabido es que la desviación o utilización de recursos públicos destinados a la salud de los colombianos ha sido una de las peores prácticas en que se ha podido incurrir y que muchos de sus infractores han quedado cubiertos, finalmente, por el fenómeno de la prescripción.
¡Mal mensaje el de la Comisión primera de la Cámara de Representantes! Los medios de opinión deben llamarlos a dar explicaciones sobre esa determinación que fue aceptada a regañadientes por el Ministro del Interior.
Ojalá el Ministro Vargas Lleras logre que en la Comisión de Conciliación se llegue a un texto que lleve implícito el mensaje de que las conductas de corrupción de los funcionarios deben reprimirse con mayor firmeza que la que hoy existe.
Ya habrá tiempo para referirnos a otros aspectos del estatuto anticorrupción. El Gobierno no debe bajar la guardia; el Congreso está emplazado a no mostrarse débil o tolerante en el tratamiento legislativo del problema; y los órganos de control, mostrar su eficacia para combatir todas las formas de corrupción en que puedan incurrir los servidores públicos. Y se deben doblar los términos de prescripción, por ejemplo, cuando quienes falten o delincan sean operadores de la justicia. Más aún, en estos casos, deben declarase imprescriptibles las acciones, para que tengan una proyección ejemplarizante.
Se trata de poner a salvo nuestra democracia de los depredadores del erario. El Congreso de la República no puede mostrarse inferior a sus deberes. Por ello, nuestra extrañeza porque la propuesta del Gobierno para ampliar los términos de prescripción, haya sido derrotada.
Fue un paso desacertado y ojalá se rectifique más temprano que tarde. Eso esperamos. La gente no aguanta más. Eso es lo que se percibe en todas partes. Hay que actuar en forma consecuente, señores parlamentarios, y no dar pábulo a que nuestro Congreso siga siendo criticado por su falta de coherencia y compromiso con el país.
*Ex congresista, ex ministro, ex embajador.
edmundolopezg@hotmail.com
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