Meras declaraciones

La esfera oficial ha asumido como tarea rutinaria el pregón de la moralidad y, si le creyéramos, todo en el sector público se maneja a la luz del mediodía y con honestidad sin par. Aun en los instantes en que se acepta que la corrupción existe, los funcionarios aprovechan la oportunidad para presentarse como desvelados perseguidores de las conductas incorrectas pero, la ausencia de armas legales según ellos dicen, los priva de tomar agresivas medidas para expulsar a los corruptos de la administración, en tanto  que en otras oportunidades se esgrime el señalamiento contra la ciudadanía, o peor aún de las víctimas de la extorsión administrativa, como responsables de la podredumbre por guardar silencio y no predicar en alta voz el ultraje económico de que han sido víctimas.
Frente a esas repetidas protestas, en la ciudadanía prima otra percepción. Es difícil aceptar que tenga verdadero interés en imponer la ética en su administración el funcionario que designa asesores y responsables de contratación y manejo de dineros públicos a quienes la opinión generalizada de los mismos medios políticos señala como pillos o inescrupulosos en el manejo de la cosa pública. ¿Cómo entender que personas duchas en la política y en el conocimiento cercano de quienes trasiegan en el servicio público ignoren las oleadas de afirmaciones sobre comportamientos indebidos de algunos de sus colaboradores?
No se puede creer en la honestidad de quienes, con exquisita selección, designan en cargos de ordenamiento del gasto o manejo de dinero a quienes gozan de pasado administrativo cargado de sombras. ¿Acaso padecemos el terrible mal de ausencia de personas correctas en Bolívar y Cartagena? Si no es así, porque los buenos ciudadanos preparados y diligentes abundan, ¿por qué entonces rodearse de asesores, secretarios y mandos medios de pasado turbio y general señalamiento por no dar paso sin la coima como estímulo determinante de sus actos?
A muchos nos hacen sonreír, con risa no exenta de burla, esos anuncios de no necesitarse intermediarios para obtener la merecida paga por servicios prestados al Estado, la prédica de que todo es limpio en la salud departamental y distrital, o la invitación a denunciar las conductas reprochables.
En lugar de tanta alharaca insincera y falaz, el ciudadano querría ver en la página web de cada entidad la lista de los acreedores con indicación de los montos de la deuda, la fecha en que se causó y la razón de ella, para que nos demostraran que en verdad se pagan las obligaciones obedeciendo rigoroso orden de causación. Cuando no es así, hay por lo menos preferencia para unos acreedores en relación con otros y eso es corrupción. Y no demanda esfuerzo ni imaginación entender que esas preferencias no son gratuitas.
De igual modo ¿cuál es la razón para no publicar en forma individualizada los bienes que compran el departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, especialmente en salud, con indicación del precio y del vendedor?
Cuando se evade la real transparencia y se la sepulta con propaganda, los asociados tenemos derecho a pensar que las cosas son tortuosas e impuras. Y más cuando conocemos la historia de algunos protagonistas del acontecer oficial.

*Abogado – Docente de la Universidad del Sinú–Cartagena

h.hernandez@hernandezypereira.com