Setenta fueron las solicitudes que la Gobernación de Bolívar recibió, de noviembre de 2010 a noviembre de 2011, para tramitarlas y otorgar los respectivos títulos mineros, con facultades delegadas por el Ministerio de Minas y Energía. Un buen número de yacimientos y potencial suficiente para agregar un nuevo y atrayente filón productivo a la economía seccional.
Hasta ahí, todo bien. Por eso el gobernador Bernal, rasguñado por la reasunción que de sus facultades hizo el ministro del ramo, reviró reclamando, con voz y tono altivos, que a Bolívar “le violaron el debido proceso”, y que él sólo ha suscrito trece contratos de concesión. Se le esfumó el detallito de que no había un solicitante por mina, sino todas las minas enfiladas por un solicitante. ¡Menuda pifia! No revisó las carátulas de las carpetas para verificar los nombres de personas y sociedades interesadas en una capacidad estimada de producción de oro y plata como para restaurar el cielo raso y los altares de la catedral de Toledo.
Obra en contra de la altiva declaración de Bernal, aparte del descuido anterior, el hecho de que quien delega facultades las reasume cuando quiere. Son suyas, por mandato de la ley, y por mandato de esa misma ley vuelven a su pupitre con una simple plumada. Alguien le sopló mal al mandatario, porque no era menester que el delegante se sometiera a formalidades procesales para recobrar unas atribuciones en la misma forma en que las delegó.
Pero el ministro no se achiquitó ante la altivez del gobernador. Fue claro y terminante: “Hay una sola persona, su familia y sus empresas afiliadas, que solicitó los setenta títulos”. Eso significa que se le retobaron las suspicacias al doctor Cárdenas, pues complementó su respuesta destacando que “la situación será informada a la Fiscalía y a la Procuraduría General para que adelanten la investigación correspondiente”. Las malas noches que pasó por una draga no las va a multiplicar por setenta con las minas de Bolívar.
El caso de nuestro Departamento, como los de Cesar, Guajira y Cauca, podrían ser modelos para que el Gobierno de Santos replantee su política minero-energética con previsiones administrativas y técnicas que blinden las figuras jurídicas que el Código de Minas contempla respecto de la exploración y explotación de estas reservas de la madre tierra. De no hacerlo, las cuatro mil empresas del sector le expropiarán al Estado la locomotora minera.
Además, en la gran minería impera un desorden descomunal en las cifras sobre las regalías, las exportaciones, las inversiones y el impacto ambiental en zonas ecológicamente sensibles. El costo fiscal por la vigilancia defectuosa de las operaciones en hidrocarburos y minerales es, según un informe de la revista Semana, de ocho billones de pesos.
Para los colombianos las bonanzas son más carga muerta que privilegio vivo. Unas veces se vuelven papas calientes y otras veces chicharrones indigeribles, y quien no tenga buen metabolismo que Dios lo libre de mascarse, como el hijo de aquel barbero de Segovia, cláusulas enteras, y de mudar, con el rabo entre las piernas, el tono guapetón y altivo por haberse dejado roer los zancajos.
No hay que dejarse roer los zancajos: están muy cerca del tendón de Aquiles.
*Columnista
carvibus@yahoo.es
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